El Ayuntamiento recurre la sentencia que le condena por vulnerar derechos fundamentales de un trabajador

Vicente Oya: "Tenemos una sentencia de primera instancia, que se ha recurrido en suplicación y tendremos que esperar a que el TSJA dicte lo que sea"

"Somos muy respetuosos con las decisiones jurídicas... pero cuando se adopten". Así empezaba la respuesta del concejal de Recursos Humanos y de la Asesoría Jurídica, Vicente Oya, cuando este periódico le ha interpelado sobre la decisión del Juzgado de lo Social 3 de Jaén, que condena al Ayuntamiento a pagar 7.501 euros a un letrado de su gabinete jurídico por haber vulnerado sus derechos fundamentales al intentar trasladarlo de puesto.

Explica que en estos momentos hay una sentencia en primera instancia que se ha recurrido en suplicación. "Tendremos que esperar a que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en su momento, dicte lo que sea", demanda Oya, al tiempo que recuerda que hay una sentencia anterior, que afecta al mismo letrado implicado en el conflicto, en la que se le dio la razón al Ayuntamiento. "De ésta no hemos dicho nada porque también recurrieron en suplicación y nosotros somos muy respetuosos con las decisiones de la Justicia", ha adelantado.

Con respecto al fallo, Vicente Oya defiende que no se puede hacer un reingreso al puesto de trabajo cuando no se ha llegado a hacer el traslado. Y es que de manera cautelar el trabajador ha permanecido en su puesto de trabajo hasta que no se resuelvan todos los procesos judiciales. 

Con respecto a la condena a pagar más de 7.500 euros, Oya ha anunciado que precisamente hoy se ha recibido otra sentencia en la que se condena al Ayuntamiento, por una gestión con otro trabajador, a pagar 40.000 euros en intereses y costas por una sentencia dictada hace tres años cuando el PSOE gobernaba. 

Apenas una hora después, ha atendido a los medios de comunicación la secretaria de Política Municipal del PSOE y concejal socialista en el Ayuntamiento de Jaén, África Colomo.  "Es de una gravedad sin precedentes, por tratarse de un servicio por el que pasan procedimientos de alto voltaje y donde se han batido el cobre sus letrados para defender en miles de procedimientos anuales los intereses generales y económicos de la ciudad", denuncia.

Colomo defiende que no existe razón objetiva que justifique este traslado más allá de que, en sus palabras, este empleado estaba incurso en una serie de procedimientos legales para defender sus derechs. Pero es que, además, hace hincapié en el hecho de que trasladarlo supone desmantelar el servicio, que solo tiene solo tres de sus cuatro plazas cubiertas.

"Este empleado tuvo que recurrir a medidas cautelarísimas para evitar que se le trasladase de servicio, que además intentó la intermediación sin éxito del alcalde, Agustín González Romo", continúa África Colomo. Finalmente, la socialista señala directamente al concejal Vicente Oya, que fue el que tomó la decisión en diciembre de 2023, cuando se suscitó la polémica.

Mientras tanto, el PSOE anuncia que va a mantener una ronda de reuniones tanto con el servicio afectado como con los sindicatos con representación en el Ayuntamiento para conocer su posicionamiento al respecto.