Piden a la Junta una indemnización de 30.000 euros por la violación a un menor

Los padres del menor solicitaban una compensación 700.000 euros a la Consejería de Educación por falta vigilancia en el centro educativo

El Consejo Consultivo de Andalucía propone que la Junta pague una indemnización de 30.000 euros y ayuda psicológica para el menor que en 2018 fue víctima de un abuso sexual presuntamente cometido por otros cuatro niños inimputables en un colegio de Chilluevar. Así lo determina en un dictamen emitido a finales de diciembre de 2022 como respuesta a la petición presentada por los padres del menor que solicitaban una compensación 700.000 euros a la Consejería de Educación por falta vigilancia en el centro educativo.

Los hechos no se podrán olvidar porque conmocionaron a todo un municipio y a la sociedad jiennenese. En febrero de 2018 cuatro menores de entre 12 y los 14 años eran expuslsados por una supuesta violación a un compañero de nueve años en el centro escolar de la Sierra de Cazorla. La víctima tuvo que ser atendida en el Hospital de Úbeda de unas lesiones que, según los facultativos, eran compatibles con una violación anal.

Por tales hechos fueron instruidas diligencias previas contra el Director del Centro, la Jefa de Estudios, la Orientadora y la Tutora del menor, en calidad de investigados, a los que se imputaba una participación omisiva en la comisión de un delito contra la integridad moral. Fue resuesto mediante auto de 30 de agosto de 2018 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Cazorla, acordando el archivo y sobreseimiento de las actuaciones. La Fiscalía acabó archivando el caso ya que los menores eran inimputables. 

El Consejo Consultivo entiende que "el menor sufrió los episodios de agresión que constan en los antecedentes de hecho del dictamen, lo que le ha ocasionado daños psicológicos que se describen en el informe pericial que aparece incorporado en el expediente". Entiende, pues, que resulta procedente reconocer como vía más adecuada en atención a la naturaleza del daño, la reparación del impacto que los hechos han podido ocasionar al menor, cuyo superior interés es necesario proteger, lo que podría canalizarse a través de los servicios y entidades con que cuenta la Administración de Andalucía para tal fin (tales como Fundación Márgenes y Vínculos o el Servicio de Atención a Víctimas en Andalucía, SAVA o cualquier otro organismo o servicio que pudiera poner a tal fin la Administración consultante).

En cuanto a la compensación económica que procede reconocer a favor de los padres por el sufrimiento padecido a consecuencia de los hechos, se reconoce un indemnización por daño moral que pudiera cuantificarse en 15.000 euros para cada uno, esto es, un total de 30.000 euros.

El Consultivo hace hincapié en que la responsabilidad patrimonial en centros educativos no es automática "puesto que estos no constituyen centro de imputación que les obligue a indemnizar cualquier daño que se produzca, por el hecho de que acontezca en sus instalaciones". Reconoce que concurriendo circunstancias especiales porque los menores usaron los aseos "con absoluta clandestinidad" y un especial cuidado para no ser descubiertos y aprovecharon que se trata de un espacio privado e íntimo.

Así, el órgano explica en el dictamen que el sistema de responsabilidad patrimonial contempla el derecho a la indemnización también en casos de funcionamiento normal de los servicios públicos si concurren circunstancias excepcionales. Es precisamente el caso de este menor.