Denuncian más de tres años de acoso a docentes de La Carolina

UGT y Asadipre señalan a una familia por las presuntas intimidaciones al profesorado del CEIP Manuel Andújar y exigen protección a la Junta de Andalucía

La directora del CEIP Manuel Andújar de La Carolina solicitó hace más de un año asistencia psicológica a la Administración educativa y todavía no la ha recibido, según denuncia UGT Servicios Públicos Jaén. Es una de las circunstancias que el sindicato y la Asociación de Directores y Directoras de Educación Infantil y Primaria (Asadipre) han puesto sobre la mesa para reclamar a la Junta de Andalucía que intervenga ante el presunto acoso que sufre el profesorado por parte de una familia.

Las organizaciones sitúan el origen de los problemas hace más de tres años y medio. UGT sostiene que un progenitor ha sometido al equipo directivo y a varios docentes a una presión continuada mediante escritos, reclamaciones, solicitudes de reuniones e interpelaciones por canales oficiales y digitales. También menciona diversos procedimientos judiciales.

El sindicato denuncia, además, comportamientos intimidatorios en los accesos al colegio, vigilancia durante los recreos y agresiones verbales en público. Algunos episodios, según su relato, han requerido la intervención de la Policía Local y la Guardia Civil.

Asadipre, por su parte, asegura que varios profesionales han necesitado asistencia médica urgente tras sufrir crisis de ansiedad e hipertensión. La asociación respalda a la directora y al tutor del Aula Específica tras las denuncias presentadas ante la Guardia Civil.

La organización recuerda que la normativa andaluza reconoce a los docentes la condición de autoridad pública durante el ejercicio de sus funciones y contempla mecanismos de protección ante situaciones de intimidación o agresión.

Tanto UGT como Asadipre reclaman a la Consejería de Desarrollo Educativo asistencia psicológica, asesoramiento jurídico y medidas que garanticen la seguridad del personal.

"Proteger al profesorado es una obligación, no una opción", sostiene UGT, que exige una respuesta inmediata de la Administración autonómica.