ALERTA OKUPA

En Santa Isabel hay preocupación porque ha pasado algo que la vecindad considera lesivo para la convivencia en un clima quizá demasiado tranquilo, como si infringir la Ley fuese normal. Tres viviendas han sido okupadas en solo una semana, en el cambio de octubre a noviembre. La asociación Sagrado Corazón de Jesús moverá ficha para evitar el efecto llamada: trasladará a la federación OCO una propuesta que precisa del amparo de las administraciones: obligar a los bancos a que registren a su nombre los pisos vacíos que quedan embargados. Los carteles de Se vende y Se alquila están desapareciendo. Por el miedo. Porque ahora hay nuevos vecinos —al parecer proceden de Córdoba— que nadie sabe bien cómo han  llegado a Santa Isabel. En realidad sí lo saben: okupando. Con k. Saltándose la ley. —En el casco histórico hay callejones, casas más viejas. Ahí sí conocíamos que se daban okupaciones. Aquí es algo nuevo. Habla Francisco Gómez Martos, presidente de la asociación, en la sede, donde recibe a este diario el martes 14 de noviembre. Él lleva un cuarto de siglo afincado en Santa Isabel.

Recuerda que un día estaba en un bar cuando de pronto los clientes empezaron a escuchar ruidos que venían de una vivienda que linda con el establecimiento, en la calle Condestable Iranzo. Lo normal es que la casa siguiese vacía, como llevaba tiempo atrás. El ruido era la expresión de okupas. Había entrado una familia. El pasado 28 de octubre la Policía Nacional identificó a una pareja que quiso entrar en esa casa de la calle Condestable Iranzo. Los vecinos salieron a la calle para protestar. Y la pareja declinó de su intento una vez los agentes hicieron su trabajo. Al día siguiente, un nuevo caso en la calle Sagrado Corazón de Jesús. Esta vez los vecinos no se quedaron tranquilos tras la intervención policial, porque los okupas continuaron. El 29 de octubre los agentes llegaron justo cuando habían cambiado la cerradura, según detallan desde el colectivo vecinal. El tercer escenario —el segundo intento de la misma familia— de aquella semana revuelta en Santa Isabel fue diferente: la entrada ilegal se dio en un piso privado, propiedad de un vecino que reside habitualmente en Andújar. —Llegaron a barrer la casa, como si fuese suya. Los vecinos les alertaron de que ese inmueble no pertenecía al banco. Y los okupas se fueron de ahí rumbo a la vivienda de Condestable Iranzo. Cuando se enteró, el dueño de la casa okupada difundió sin miedo que todo volvería a sus cauces. Por las buenas o por las no tan buenas.

BARRIO ENVEJECIDO, NOSTALGIA DE POLICÍA DE BARRIO

Como otros residentes vecinales, Gómez afirma que los residentes echan de menos la Policía de barrio, una pareja de agentes que en su día llegó a conocer la rutina de los vecinos de Santa Isabel. Estaban, señala Gómez, al quite de cualquier novedad en la zona, disponibles para atender las demandas de los mayores. El envejecimiento en el barrio es progresivo. Hay casas que ya no están habitadas porque fallecieron los dueños, y ahora los propietarios son hijos que no residen en Jaén. Lo último que necesitan ahora mismo estas viviendas son carteles para vender o alquilar. Desde el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Jaén señalan a este diario que no han recibido notificaciones por problemas de okupas, a diferencia de lo que sí ocurre en segundas viviendas ubicadas en la costa andaluza. El Colegio de Administradores de Fincas de Huelva dijo ‘basta’ en verano. El fenómeno okupa estival también alcanzó Málaga y Cádiz. —Lo que más nos ha dolido es que en una de las casas vivía una pareja que ha sido expulsada por insolvencia. Y eran muy buenos vecinos —dice Gómez. Hay inquietud. Nadie quiere que el número de casos se multiplique hasta finales de año. El representante vecinal apela a su estrategia: señalar a los bancos, convertirlos en parte de la solución.

OKUPACIÓN EN UNA VIVIENDA PÚBLICA DE ÚBEDA

En Úbeda no olvidan, y no pueden olvidar. La alerta okupa está de nuevo encendida. En el recuerdo sigue el episodio del verano pasado en el barrio San Millán: cuatro jóvenes entraron en una vivienda. Por suerte, el allanamiento solo duró una noche y algunas horas del día siguiente. Desde hace un par de semanas hay una familia que ha entrado ilegalmente en una vivienda social, ubicada en un punto que conecta dos calles. El compromiso municipal es derribar las casas de esa zona, pues su estado es decadente. Este último caso ya está judicializado como okupación de un espacio público. Antonia Olivares, alcaldesa de Úbeda, explica por teléfono a este diario que la lista de espera de familias que demandan una vivienda social merece respeto. “No puede ser que alguien derribe una puerta y usurpe esa ayuda a personas que sí siguen los cauces legales”, sostiene. El parque de viviendas sociales en Úbeda se divide entre las que competen a la Junta y las que son municipales. Cada vez que un inmueble se queda libre, el objetivo es que otra familia ingrese cuanto antes. La rapidez o la agilidad del recambio no es un capricho; hay riesgo. Olivares ha triplicado la partida destinada para ayudas al alquiler. Cuando tomó las riendas de la Alcaldía en 2015 la cifra era de 150.000 euros. El presupuesto más reciente alcanza los 450.000. “Priorizamos las políticas sociales, y yo pienso que sí ayuda a evitar la okupación. Así dirigimos a los demandantes a viviendas sociales”, remarca. Admite la regidora que cuando se dan ocupaciones en viviendas privadas la competencia municipal es, por imperativo legal, inexistente. “Lo más que podemos hacer es avisar al propietario. Nos ha pasado con gente que vive fuera de Úbeda”, agrega. Castellar también vivió un episodio mediático a cuenta de unos okupas procedentes de El Polvorín que se instalaron de forma ilícita, en 2012, en una vivienda próxima al Cuartel de la Guardia Civil. “La verdad es que cuando nos reunimos los alcaldes no hablamos del tema okupa. Sí que valoramos cómo mejorar la gestión de viviendas sociales para ser justos a la hora de repartir desde el punto de vista humano”, concluye Olivares.

“NO SE PUEDE DEMONIZAR LA OKUPACIÓN EN PRECARIO”

¿Quiénes son los okupas? ¿Madres sin recursos con menores? ¿Gente que no tiene respeto por la propiedad privada? “No se puede demonizar la okupación en precario”, señala Miguel Ángel Martínez Bellón, miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Según señala, quienes “okupan en precario” son personas que han sido desalojadas por impago de alquiler o desahuciados por insolvencia. “Vienen de situaciones insostenibles”, subraya. “Obviamente hay gente que especula en estos casos, y con eso no estamos de acuerdo”, matiza. El discurso de la PAH está de actualidad en Jaén después de los recientes desalojos frustrados en Villanueva de la Reina y Jaén capital: las administraciones, reitera la plataforma, tienen que proponer una alternativa habitacional y revisar su política de vivienda pública. Justo ahora la plataforma atiende a dos familias que están en pisos propiedad de la Junta de Andalucía. “No tienen recursos y las estamos ayudando”, cuenta. Martínez también alude a los inmuebles en posesión del Sareb —el conocido como banco malo—. “No tiene sentido que hubiese un rescate público de una entidad que ahora no pone sus casas al servicio de la gente”, interpreta. No consta de momento que la empresa Desokupa, cada vez más conocida en Madrid y Barcelona, haya sido demanda por jiennenses. El tiempo, y las acciones de colectivos vecinales y administraciones, determinarán si hace falta o no medidas externas. Vídeo: Esperanza Calzado.