La residencia de Santa Ana toma forma a la espera de la aprobación en pleno

La aprobación del Plan Especial es un paso significativo y el Ayuntamiento también necesita la luz verde de la Consejería de Medio Ambiente

La futura residencia para personas mayores en Santa Ana, la aldea más habitada de Alcalá la Real, está más cerca de concretarse. El Ayuntamiento someterá a consulta pública el Plan Especial de Reforma Interior de la Unidad Ejecución SA-7, esencial para construir el equipamiento.

Tal y como señala el equipo de Gobierno en un comunicado, el documento contempla una superficie de casi 9.500 metros cuadrados para equipamiento residencial, 2.060 de zonas verdes —se mantiene el chaparral— y habilita nuevas infraestructuras que conectarán el entorno con el núcleo urbano.

Marino Aguilera, alcalde de Alcalá la Real, señala que ahora el siguiente paso es remitir el documento a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. "Si en el plazo de alegaciones no se produce ninguna, se llevará a pleno la aprobación definitiva y se realizará la reparcelación e inscripción en el registro para poder hacer el proyecto de ejecución de la residencia, así como el de urbanización", puntualiza.

El asunto de la residencia está enmarcado dentro de los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno Local, celebrada ayer. Junto al alcalde comparecieron Encarnación Pérez, concejal de Urbanismo, y Mercedes Flores, edil de Obras y Servicios. Los concejales anunciaron la aprobación inicial del Plan Parcial del sector NS-2.1 del PGOU, de iniciativa privada por parte de la S.C.A Santo Domingo de Silos, que permitirá la creación de más de 33.000 metros cuadrados de suelo industrial junto al polígono El Retamar.

PLEITO CONTRA EL IDAE

Por otro lado, el Ayuntamiento emprenderá acciones judiciales contra el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) tras la reducción "no justificada" de la subvención otorgada en el marco del programa Feder 2014-2020 para la renovación del alumbrado público con tecnología LED.

“La ayuda, inicialmente cifrada en más de 2 millones de euros con una cofinanciación del 80% por parte del IDAE, se ha reducido en unos 129.000 euros, que no consideramos justificada", asevera Mercedes Flores, y sentencia: "Estamos peleando por algo que consideramos que nos pertenece porque el trabajo está ejecutado y se puede comprobar".