Los aprobados sin plaza estallan
Los 35 afectados de Jaén quedan en un limbo; la plataforma que reúne a los conservatorios pide a la Junta que reestructure las plazas
Indignación máxima por el caso de los aprobados sin plaza en los conservatorios. La Plataforma por la Enseñanza de la Música en Andalucía (PEMA) ha cargado contra la Consejería de Educación después de que ésta le haya contestado por escrito al problema de los cerca de 300 alumnos —35 jiennenses—. Según la Junta, no es posible modificar el número de plazas. “Las modificaciones deben hacerse con anterioridad al proceso de presentación de solicitudes para no afectar a terceros”, esgrime la Consejería del ramo en la carta remitida a María Teresa Rodríguez, presidenta de la PEMA.
Tal y como informó Lacontradejaén, los afectados jiennenses están en el Conservatorio Ramón Garay de la capital (25) y en Linares (10). No obstante, centros de otros municipios de la provincia también integran la PEMA en solidaridad con los aprobados sin plaza. El problema se ceba con quienes de facto han pasado a enseñanzas profesionales, pero no pueden continuar por falta de matrículas.
La PEMA, integrada aproximadamente por una treintena de conservatorios andaluces, no ha encajado nada bien la respuesta de la Administración autonómica. “Agradecemos la contestación, pero lamentamos que la Consejería mantenga una línea argumental obsoleta y falta de fundamento”, critican desde la plataforma.
“LLEVAMOS DESDE 2013 CON EL MISMO NÚMERO DE PLAZAS”
La PEMA enjuicia “los criterios generales” que la Junta argumenta en la nota de contestación. “Parece que cortan y pegan: llevamos desde el año 2013 con el mismo número de plazas autorizas en cada centro”, expresa el colectivo.
La gran reclamación que la plataforma pide a la Junta que ejecute consiste en “reestructurar las plazas”. Según defiende, es la vía que ajusta la oferta y la demanda: “Así, los alumnos que aprueban el primer curso de acceso a enseñanzas profesionales pueden continuar sus estudios”, remarca.
“ES EDUCACIÓN PÚBLICA”
La plataforma subraya que la enseñanza en conservatorios públicos exige la protección de la Administración —la Junta, en este caso—. “Si no hay recursos, le compete a ella proporcionarlos para que los alumnos continúen su formación”, concluye.
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