Aqualia defiende la legalidad de sus contratos con el Ayuntamiento

Trabajadores de la empresa protestan a las puertas del Ayuntamiento mientras se debatían las resoluciones del Consejo Consultivo emitidas la semana pasada

El pleno del Ayuntamiento de Jaén ha llevado hoy a debate la resolución del Consejo Consultivo que la semana pasada dictaminó como nulos tres acuerdos que, a ojos del Ayuntamiento, cambiaban "notablemente" las condiciones del contrato de prestación del servicio de abastecimiento y saneamiento de agua para la ciudad durante los anteriores mandatos. Las tres resoluciones de Aqualia han sido aprobadas mientras en la casa consistorial asistía una importante representación de la plantilla para mostrar su apoyo a la empresa.

La compañía defiende la legalidad de los anteriores acuerdos firmados con el Consistorio. Además, Aqualia denuncia la falta de seguridad jurídica que la anulación de éstos supone y, aunque reitera su permanente disposición al diálogo con el Ayuntamiento, no renuncia al derecho a defender sus intereses por todos los medios a su alcance.

En un comunicado, Aqualia asegura que el informe del Consejo Consultivo de Andalucía que se toma como soporte no reviste valor jurídico que implique la obligación de la compañía de cumplir lo indicado por el equipo de Gobierno municipal. "Por otro lado, es necesario subrayar que los cambios de tipos de interés correspondientes a los años 2006 y 2013 se aprobaron en dos sesiones del pleno municipal a los que ni siquiera se cita en dicho informe del Consejo Consultivo", defiende.

En el caso del convenio del año 2010, continúa la compañía, fue acordado con el equipo de Gobierno socialista presidido por Carmen Peñalver para aplazar el pago de una deuda reconocida por el Ayuntamiento con Aqualia. De esta manera, la firma defiende la legitimidad de estos acuerdos pactados y que han permitido que el Servicio Municipal de Aguas de la ciudad haya ofrecido un alto nivel de prestaciones a los ciudadanos de la capital.

Por otro lado, la compañía manifiesta su inquietud por la falta de seguridad jurídica que supone el cuestionamiento por "meros problemas de forma" de acuerdos alcanzados con anteriores corporaciones, "sacándolos del contexto del momento y haciendo caso omiso a numerosas cuestiones jurídicas y contractuales que Aqualia ha planteado". "Además, hay que señalar que, en su momento, esos acuerdos obtuvieron los informes favorables de los técnicos municipales, tanto para su aprobación como para su posterior ejecución", concluye.

LOS DICTÁMENES Y EL PLENO

Los dictámenes del Consejo Consultivo, preceptivos y vinculantes, se centran en tres convenios de los años 2006, 2010 y 2013, el último de los cuales, firmado por el alcalde popular José Enrique Fernández de Moya, supuso que se alterase el interés que el Ayuntamiento soportaba por la prestación del servicio a la ciudad por parte de la empresa Aqualia del Mibor del - 0,5 al 5,5%.

Con respecto al acuerdo cerrado en 2010, el dictamen del consulto declara la nulidad del convenio del pago de deuda y permitirá revisar los intereses cobrados en demasía. Estas dos medidas suponen un ajuste de casi 14 millones de euros a los que se suman los 24 millones de sobrecostes que se han detectado de los acuerdos firmados en 2006 y 2013.

Hoy, el pleno ha aprobado la nulidad de varios convenios del servicio de abastecimiento de agua que permite al equipo de Gobierno negociar la reversión del dinero cobrado de más y destinarlo a un plan de mejora de infraestructuras hidráulicas para la ciudad. El concejal de Servicios Municipales, Francisco Lechuga, ha recordado que el Consejo Consultivo de Andalucía respalda este acuerdo; recuerda que se modificaron de forma irregular las condiciones económicas del contrato firmado en 1997 incrementándolo un 310%, pasando el coste por metro cúbico que paga el Consistorio de los 0,6 euros a 2,5 euros por metro cúbico; junto con las subidas de interés para sufragar obras, el desajuste para las arcas municipales puede rondar los 38 millones de euros. 

Sobre la situación de los trabajadores, Lechuga ha insistido en que “se trata de cuestiones exclusivamente de relación económica entre la empresa y el Ayuntamiento, no hay ningún problema laboral y para nada deben verse afectados”.