Archivada la causa contra el Ayuntamiento de Lopera por las plantas fotovoltaicas

El Consistorio defiende que actuó conforme a la ley y recuerda que las posibles irregularidades deberán dirimirse en la vía contencioso-administrativa

Satisfacción en el Ayuntamiento de Lopera tras conocer el archivo de la causa penal abierta en relación con la tramitación de varias plantas fotovoltaicas en el municipio, después de que el juzgado haya descartado la existencia de delitos de prevaricación ambiental y contra la fauna.

Según el comunicado municipal, la resolución judicial respalda la postura que el equipo de Gobierno ha mantenido desde el inicio del procedimiento: que su actuación se ajustó en todo momento a la legalidad y a los informes y autorizaciones favorables emitidos por la Junta de Andalucía. El Consistorio sostiene que esta decisión confirma que "siempre dijo la verdad a los agricultores" y que actuó con "escrupuloso" cumplimiento de la normativa vigente.

El auto judicial descarta la vía penal y señala que, en caso de existir posibles irregularidades en la evaluación ambiental de los proyectos, estas deberían analizarse en la jurisdicción contencioso-administrativa. En su caso, debería ser en relación con la administración autonómica competente, no contra el Ayuntamiento.

Este pronunciamiento llega apenas una semana después de que este medio informara de otro auto judicial, dictado por el Tribunal de Instancia número 2 de Andújar el pasado 26 de enero, en el que se señalaba que los proyectos fotovoltaicos promovidos en Lopera, Marmolejo y Arjona presentarían irregularidades “idénticas” a las que llevaron al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a anular en julio de 2025 una megaplanta en Bujalance y Montoro por fraude de ley ambiental.

En esa resolución, la magistrada apreciaba una posible fragmentación artificial de un gran proyecto energético en varias iniciativas de menos de 50 megavatios para eludir la competencia estatal y evitar una Evaluación Ambiental Ordinaria conjunta. También apuntaba a la posible omisión en la protección de especies vulnerables, como el alzacola rojizo, y a anomalías administrativas denunciadas por plataformas ciudadanas. No obstante, aquel auto derivaba igualmente el análisis de esas cuestiones a la vía contencioso-administrativa.

La parte denunciante recurrió ante la Audiencia Provincial de Jaén al entender que los hechos podrían constituir delitos contra el medio ambiente y de prevaricación administrativa. Desde la plataforma ciudadana SOS Rural y desde la Campiña Norte contra las Megaplantas Solares se ha advertido en los últimos meses de las posibles consecuencias económicas y patrimoniales para los ayuntamientos si las autorizaciones fueran anuladas en el futuro.