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Ayuntamientos recalculan su postura ante las plantas de biogás y biometano

Por Esperanza Calzado - Noviembre 12, 2025
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Ayuntamientos recalculan su postura ante las plantas de biogás y biometano
Protesta contra la planta de biometano en Mengíbar. Foto: STOP Planta Biometano Mengibar

Úbeda, Martos, Vilches, Mengíbar, Jaén, Andújar y Villanueva del Arzobispo marcan posiciones distintas ante los proyectos que se están presentando

El debate sobre la implantación de plantas de biogás y biometano en la provincia de Jaén ha entrado en una nueva fase. Los proyectos, destinados en muchos casos a transformar residuos del olivar y la ganadería, avanzan en la vía administrativa, pero lo hacen en un escenario de creciente tensión política, social y territorial.

Municipios que hasta hace unos meses no habían expresado reservas están revisando su postura. La palabra clave que emerge en todos los discursos es "garantías" ya sean ambientales, urbanísticas, sanitarias y de convivencia.

En Úbeda, la alcaldesa, Toni Olivares, ha frenado el ritmo de una tramitación que contaba con resolución ambiental favorable de la Junta de Andalucía. La ubicación prevista, a poco más de un kilómetro del casco urbano, contraviene la distancia mínima que recoge el PGOU. Además, la condición de Ciudad Patrimonio Mundial eleva la sensibilidad ante cualquier posible impacto. Olivares ha anunciado la modificación del planeamiento urbanístico y la intención de llevar al pleno una declaración institucional que establezca que el desarrollo industrial no puede comprometer la identidad ni el bienestar de la ciudad.

Martos afronta el debate desde un escenario distinto, con varios proyectos en tramitación. El alcalde, Emilio Torres, sostiene que las plantas deben contar con controles reforzados, especialmente en lo relativo a olores y emisiones. El Ayuntamiento solicitará a la Junta la revisión de los criterios ambientales e incluso la suspensión temporal de las autorizaciones hasta contar con evaluaciones más precisas.

Además, abrirá una consulta pública, constituirá una comisión de seguimiento y modificará el planeamiento para fijar distancias y protocolos. Torres defiende que el avance industrial no debe enfrentarse a los vecinos, sino construirse con ellos.

En Vilches, el Ayuntamiento reconoce que la planta proyectada se plantea como una solución para los residuos del sector ganadero y olivarero de El Condado, pero aun así ha decidido frenar la tramitación mientras se revisan los criterios de evaluación ambiental. Habrá consulta pública y una comisión de seguimiento abierta a todos los grupos municipales. La posición se mueve en una zona intermedia: se reconoce la necesidad, pero se reclama tiempo y garantías.

En Mengíbar, en cambio, la dinámica ha sido distinta. La movilización ciudadana ha sido determinante. La plataforma Stop Planta Biometano Mengíbar ha logrado forzar un cambio de postura en el Ayuntamiento, tras protestas y un pleno extraordinario en el que se aprobaron sus demandas. La plataforma ha celebrado el giro político, pero advierte que mantendrá la vigilancia hasta que el proyecto quede completamente descartado. “Mengíbar no se vende. Mengíbar se defiende”, remata el comunicado difundido tras el pleno.

El mapa municipal tiene más piezas. En Jaén capital, el pleno municipal aprobó recientemente una posición contraria a la instalación de una planta de biometano en Las Infantas. La decisión fue respaldada por la mayoría de la corporación, en un contexto donde las asociaciones vecinales ya habían expresado su rechazo y solicitado información clara sobre el proyecto. También en Villanueva del Arzobispo el Ayuntamiento decidió retirar el proyecto tras la creciente presión social y las dudas manifestadas por distintos sectores locales.

Así, los municipios no niegan en su mayoría la necesidad de avanzar en energías renovables ni de buscar soluciones sostenibles para los residuos agrarios, pero sí reclaman participar en la definición de los criterios de ubicación, los controles ambientales y la convivencia con el entorno urbano o rural.  El foco se desplaza ahora hacia la Junta de Andalucía, responsable de la evaluación ambiental. 

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