El Defensor del Pueblo Andaluz pide la reapertura de la Cámara de Comercio

La institución que dirige Jesús Maetzu clama su importancia "máxime en los momentos actuales de emergencia económico-social a causa de la alarma sanitaria"

En enero fue una de las últimas veces que se escuchó hablar de la Cámara de Comercio de Jaén. Fue a raíz de una reunión que miembros de la asociación Renacer mantuvieron con la Junta de Andalucía. Se les comunicó la intención de liquidar, de manera definitiva, el órgano cameral que, ahora, el Defensor del Pueblo Andaluz quiere recuperar. En plena pandemia y "conscientes de las dificultades existentes para dar cumplimiento a la petición, teniendo en cuenta la actual situación de excepcionalidad", el organismo considera que el asunto tiene suficiente "transcendencia" como para actuar de oficio. Por eso, ha solicitado a la Dirección General de Comercio un informe para tratar de conocer la situación al respecto, sobre cuáles hubieren sido las razones y el procedimiento seguido para la extinción.

No es la primera vez que el Defensor del Pueblo Andaluz interviene al respecto. En diciembre de 2018 solicitó que se adoptaran las medidas oportunas para terminar con la situación de "excepcionalidad" en la que se encontraba. Ahora, la entidad que dirige Jesús Maeztu demanda, en un escrito fechado en mayo, conocer las actuaciones y medidas que se hayan emprendido por la Administración de tutela, en coordinación y colaboración con el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio de Andalucía, para constituir y reanudar las actividades y los servicios por la entidad corporativa referida, dada su importancia para el fomento de las actividades económicas en la situación actual. Y es que, como refleja en su escrito, considera importante su reapertura.

"Tuvimos conocimiento de las circunstancias de irregular funcionamiento que se produjeron hace unos años en la de Jaén capital; irregularidades que dieron lugar a la instrucción y resolución de procedimiento jurisdiccional penal y con exigencia de responsabilidades a los cargos directivos; hasta el punto que la Cámara referida fue disuelta", relata el escrito. Pone de manifiesto que la ciudad no cuenta con "tan importante institución corporativa" y pone énfasis de ello en las circunstancias actuales. "Máxime en los momentos actuales de emergencia económico-social a causa de la alarma sanitaria acordada y decretada por el Gobierno, en que se hace más necesario que nunca -si cabe- procurar el impulso y, en general, el fomento de las actividades económicas de todo el territorio de Andalucía", sentencia.

No es la primera vez que el Defensor del Pueblo Andaluz interviene al respecto. En diciembre de 2018 solicitó que se adoptaran las medidas oportunas para terminar con la situación de "excepcionalidad" en la que se encontraba. 

CRONOLOGÍA

Todo comenzó en el año 2010 cuando se aprobó un Real Decreto que determinaba que las cámaras de comercio dejaban de contar con su fuente de financiación principal, el recurso cameral permanente por el que las empresas pagaban obligatoriamente una cuota a todas las entidades de España. El Gobierno ofreció dos años de carencia para que las cámaras se adaptarán a partir del 2012 para poder seguir desarrollando su actividad. Todas las de España modificaron su estrategia de expansión con una política de restricción y repliegue reduciendo personal. La de Jaén apostó por sus 50 empleados lo que, al final, se convirtió en un cuello de botella que le llevó a no poder pagar los proyectos cofinanciados, proveedores, nóminas, etcétera. Comenzaron los problemas con Hacienda y la Seguridad Social y la Cámara entró en un "colapso".

Los integrantes de los órganos de gobierno dimitieron el 26 de octubre de 2016. Fue entonces cuando se procedió a la suspensión de los órganos de gobierno por parte de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, por Orden de 16 de diciembre de 2016, y a la creación de una Comisión Provisional de Gobierno. Durante meses, los empleados denunciaron que enviaron varios escritos a la Administración tutelante solicitando instrucciones para el funcionamiento en dicha situación. Pidieron mantener reuniones para poder aclarar la situación de la plantilla que, según afirman los interesados, no obtuvieron respuesta. A día de hoy, siguen en un limbo.

El 28 de diciembre de 2016 se procedió a constituir la Comisión Provisional de Gobierno. Se aprobó por unanimidad acuerdos de actuaciones que permitan determinar la situación económica, financiera, jurídica y patrimonial de la Cámara en aquel momento. La Comisión Gestora que se hizo cargo del gobierno de la Cámara se constituyó el día 17 de julio de 2017. En enero de 2020 se certificó la disolución de la entidad.