Cambil investiga obras sin licencia que pudieron agravar las inundaciones

El Ayuntamiento abre un expediente urbanístico tras las riadas que dañaron viviendas y vehículos y advierte del riesgo que podrían suponer nuevas avenidas
Las inundaciones del 13 de agosto y el 2 de octubre en Cambil han llevado al Ayuntamiento a iniciar un expediente de restitución de la legalidad urbanística en el Puerto de San Marcos. La decisión llega después de que un informe técnico municipal señalara que los movimientos de tierras realizados sin autorización en el entorno del barranco agravaron los efectos de la primera riada.
Las tormentas dejaron 75 y 45 litros por metro cuadrado, respectivamente, en un corto intervalo de tiempo. El agua desbordó la red de drenaje y alcanzó las calles San Marcos, Álamos, Arenas y otras zonas próximas, causando daños en vehículos e inmuebles.
El desbordamiento se produjo pese a la instalación reciente de tuberías de un metro de diámetro que habían sustituido al antiguo caz, de menor capacidad.
MOVIMIENTOS DE TIERRA SIN PERMISO
Los técnicos municipales inspeccionaron la zona el 20 de agosto y elaboraron un informe que relaciona la magnitud de aquella inundación, además de con la intensidad de las precipitaciones, con movimientos de tierras en fincas situadas por encima de la calle Álamos y en el barranco, realizados sin autorización municipal.
El Ayuntamiento sostiene que, después de la primera riada, se efectuaron nuevos trabajos para mantener caminos, terrazas y pequeñas escolleras, también sin licencia. La comparación de ortofotografías de abril con la situación actual muestra la práctica eliminación de vegetación, la apertura de caminos y acumulaciones de tierra que pueden ser arrastradas hacia las calles situadas a menor altura.
La revisión de los archivos municipales ha permitido comprobar, además, que entre 1997 y 2006 se concedieron varias licencias para construir cocheras y viviendas, algunas con informes desfavorables del arquitecto técnico municipal.
El Consistorio trasladará los hechos a la Subdelegación del Gobierno y a la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para que se determinen las posibles responsabilidades por las actuaciones realizadas sin autorización.
La Alcaldía justifica estas medidas por los daños materiales registrados y la necesidad de evitar nuevas inundaciones que puedan poner en peligro a los vecinos.
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