Los juzgados confirman la titularidad municipal del Camino de Campillo de Arenas

La segunda teniente de alcalde, África Colomo, celebra que la decisión ratifica los planes del Ayuntamiento sobre la vía de 1.300 metros

La sentencia de los juzgados de lo Contencioso-Administrativo confirma la titularidad municipal del Camino de Campillo de Arenas, en su tramo comprendido entre la aldea de Santa Cristina, en Otíñar, y la carretera titularidad de la Diputación JH-2271. “La decisión judicial pone negro sobre blanco lo que ya dijo el equipo de Gobierno, hace más de un año, cuando se dejó claro que estaba plenamente justificado y argumentado el expediente de recuperación de oficio de este camino”, valora en un comunicado África Colomo, segunda teniente de alcalde y concejal de Presidencia y Patrimonio.

La edil recuerda el pleno de la Corporación Municipal celebrada, a principios del año pasado, cuando la Administración local puso en marcha el proceso para devolver a su titularidad municipal esta vía, de 1.300 metros, en una decisión avalada por un profuso estudio documental, cuyos primeros testimonios datan de 1874, y la propia ordenanza reguladora de caminos municipales, elaborada por el propio PP en 2016, durante su última etapa al frente del Ayuntamiento.

De acuerdo con el relato del equipo de Gobierno, la acción municipal está sustentada en la normativa andaluza y otros hechos, como que el pleno municipal nombró hace 100 años un peón caminero para encargarse del mantenimiento del camino. La edil recuerda que, con la puesta en marcha de la carretera hacia el pantano del Quiebrajano, este camino dejó de tener un uso intensivo por parte de los vecinos de la ciudad, circunstancia que fue progresivamente aprovechada por los propietarios de la finca cercana para cerrar el camino. “Le pese a quien le pese, desde el Ayuntamiento vamos a trabajar para poner los intereses públicos por encima de los privados”, añade

También lamenta que, en su momento, durante el debate plenario del 29 de enero de 2021, el PP cuestionó la decisión del Gobierno municipal, e, incluso, la labor técnica del personal municipal, al considerar que la labor de defensa del patrimonio de la ciudad era arbitraria e iba a costar dinero a las arcas municipales”. “No sólo es que no es cierta esta crítica, sino que la decisión del Gobierno municipal está avalada por los juzgados de lo Contencioso-Administrativo”, concluye Colomo.