Cataluña 5 España 0

Desde el inicio del “procés” España pierde por goleada, Cataluña le está robando la realidad y el marcador dibuja una manita de luz roja. El origen del partido es lo de menos: Identidad histórica irreductible, sentencia del TC sobre el Estatut que lamina la voluntad de un pueblo, crisis económica, corrupción política, déficit fiscal, rescate de la Generalitat, recentralización para embridar a las autonomías, el final de ETA que relegitima la demanda de independencia, las cloacas del Estado, la crisis global de legitimidad de los sistemas políticos convertidos en títeres de los mercados, el referéndum de Escocia, las reacciones identitarias y localistas frente al proceso de globalización y sobre todo el inmobilismo de PP que lleva años llamando  “suflé” a la inveterada cuestión catalana y fiándolo todo a la mejora de la economía sin adivinar que el problema es de un gravedad extrema. (Rey dixit).

“Cuando Rajoy despertó el dinosaurio todavía estaba allí”.

Entre las causas del auge independentista descarto dos lugares comunes: la política educativa de la Generalitat y haber engordado al monstruo pactando. Los jóvenes escolarizados bajo la normalización lingüística no son más independentistas que los mayores y el problema sería aún peor si los catalanes no se hubiesen implicado en la gobernabilidad de España. Ese discurso queda bien tomando unas cañas pero es de una pobreza intelectual supina y solo sirve para justificar el inmovilismo. Hay que destacar dos causas de orden sistémico: La raquítica construcción de la identidad nacional española vinculada a la derecha conservadora y huérfana de símbolos de pertenencia integradores, y la creciente desafección al sistema político español, especialmente en Cataluña, por las causas señaladas. En todo caso lo importante es encontrar soluciones. Se habla mucho de diálogo pero apenas hay propuestas. Apelar al diálogo y no decir nada, como diría Tarantino, es la misma jodida cosa.

España remontaba el partido, tras el bochornoso espectáculo que supuso la convocatoria del referéndum, y al final la guardia civil se ha metido un gol por la escuadra en propia meta. El “procés” continúa su marcha victoriosa incrementado las bases sociales del independentismo restregándonos su orgía de víctimas. Siempre gana el que lleva la iniciativa.

El escenario a corto plazo es de terror: elecciones autonómicas convocadas por la Generalitat esgrimiendo la imposibilidad de validar los resultados del referéndum  o convocadas por el gobierno central, si hay declaración unilateral de independencia y suspensión de la autonomía. No descarto la DUI, (aunque sea diferida apelando al diálogo) ante la deriva épica del “procés” y la voluntad inequívoca de autoinmolación de sus precursores para incrementar el martirologio de la patria. En ambas hipótesis el independentismo seguiría abonando el terreno para su victoria absoluta en votos y escaños en unas nuevas elecciones plebiscitarias. Habríamos vuelto a la casilla de salida pero con el dinosaurio más gordo y legitimado.

Atajar este proceso diabólico, rearmando a los partidos constitucionalistas, exige tomar la iniciativa explorando dos vías de solución:

1.- RELEGITIMAR EL SISTEMA POLÍTICO ESPAÑOL INICIANDO EL PROCESO DE REFORMA CONSTITUCIONAL en dos ámbitos: El modelo territorial de Estado y la regeneración institucional y democrática.

2.- LA RECONSTRUCCIÓN DE UNA IDENTIDAD NACIONAL ESPAÑOLA REFORMULANDO SUS SÍMBOLOS BAJO LOS PRINCIPIOS DE PLURINACIONALIDAD Y RECONCILIACIÓN.

1.- La reforma constitucional resulta ineludible para abrir un espacio de diálogo con el nacionalismo catalán que permita encauzar todas sus demandas a través del procedimiento constitucionalmente previsto (Rey dixit). Resulta exasperante que los políticos acordasen la modificación del artículo 135 de la Constitución en cinco minutos, atendiendo las demandas de los mercados, y que fuesen capaces de eliminar la discriminación de la mujer en la sucesión a la corona o reformar el cementerio de elefantes llamado Senado cuando son cambios propuestos desde hace más treinta años. Lo trascendente es iniciar este proceso tomando la iniciativa política con un proyecto ilusionante para el conjunto de los españoles aunque los resultados finales resulten limitados. Este es el cauce adecuado con la participación de todos los partidos y la Comunidades Autónomas, no la mediación internacional ni el bilateralismo que propugna la Generalitat que implica que España de carta de naturaleza a un hecho consumado; que Cataluña ya es un sujeto político soberano, en pie de igualdad con el Estado, en lugar de una Comunidad Autónoma.

La regeneración democrática debería orientarse al establecimiento de un sistema electoral más proporcional, la constitucionalización del principio de transparencia, profundizar en la participación ciudadana, crear títulos específicos relativos a la corrupción y la violencia de género que tendrían un gran impacto simbólico y el fortalecimiento de la independencia judicial despolitizando el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional y determinando que el Fiscal General del Estado sea elegido por el congreso por mayoría de 3/5.

La reforma del modelo territorial debe partir de dos premisas previas: La heterogeneidad de las propuestas de los distintos partidos, (centrífugas y centrípetas) y que las demandas de los españoles se han ido radicalizando transitando desde el deseo de mayor centralización hasta el reconocimiento del derecho a decidir.

Preferencias de los españoles: el 28,2% se decanta por abolir las autonomías o reducir la descentralización, el 13,5% defiende más descentralización, el 37,3% mantener el estado autonómico y el  9,4% reconocer el derecho de autodeterminación.

Preferencias de los votantes de los partidos: El 48,9 % del Psoe quiere mantener el estado autonómico, el 36,2% del PP y el 30% de Ciudadanos se decantan por abolir las autonomías y el 40% de Podemos abogan por el derecho de Autodeterminación. Este derecho lo apoyan el 90% de Esquerra, el 50% del Pdcat y votarían por la independencia el 41% de los catalanes.

Una tendencia común a la mayoría de partidos y a muchos españoles es garantizar la igualdad en la prestación de los servicios básicos. Por tanto, de acuerdo con las preferencias anteriores, se podría proponer una recentralización de servicios como la sanidad, la educación y la administración de justicia, que sería apoyada, sin fisuras, por Ciudadanos y el PP, y en sentido opuesto, reconocer sin tapujos, como en el actual texto constitucional, que haya algunas competencias exclusivas solo en aquellas comunidad que dispongan de hechos diferenciales (lengua, cultura), lo que apoyaría el Psoe según su propuesta de federalismo asimétrico e incluso podría reconocerse el derecho de autodeterminación para satisfacer a Esquerra, Pdcat, Podemos e Izquierda Unida.

Unos partidos podrían esgrimir la victoria de la recentralización y otros los hechos diferenciales y el derecho a decidir. El gran escollo sería, sin duda, las resistencias de los reyezuelos autonómicos a perder cuotas de poder, el fantasma del agravio comparativo y el miedo atávico a la desintegración de España. ¿Pero tiene sentido que haya 17 sistemas sanitarios, educativos y de gestión de la justicia? ¿Tiene sentido no reconocer que hay comunidades históricas con una lengua y cultura propias y que deben disponer de un tratamiento competencial diferenciado como propone Herrero de Miñón, padre de la Constitución del 78? ¿Tiene sentido en el siglo XXI negar  el derecho a decir en los territorios que expresen una voluntad mayoritaria e inequívoca al respecto? El reconocimiento de este derecho se sujetaría a requisitos muy rigurosos que impidan su planteamiento en situaciones de gran división social como ocurre actualmente en el caso catalán y vasco. Los requisitos podrían ser los siguientes:

.- Solo podrían ejercerlo las comunidades históricas que hubieran aprobado sus estatutos durante la segunda república y hayan manifestado una voluntad inequívoca al respecto. (Cataluña y País Vasco).

.- Su ejercicio debería solicitarlo la cámara autonómica por mayoría cualificada de 2/3.

.- Debería autorizarlo el congreso por mayoría simple.

.- La independencia solo se lograría por una mayoría cualificada de 3/5 de los votos afirmativos que representen a la mitad del censo.

Si alguna Comunidad lograse la independencia por este procedimiento carecería de sentido su continuidad en España por la fuerza. Además el reconocimiento de este derecho habría sido aprobado por todos los españoles, lo que generaría una mayor afección de los nacionalismos periféricos, tanto al sistema político, como ha la identidad común. Este derecho no debería ser tabú ya que en el actual proceso de desintegración de los Estados en entidades supranacionales como la Unión Europea la independencia de una región no sería tan dramática como hace un siglo cuando la supervivencia física de los Estados y sus ciudadanos aún estaba amenazada y resultaba inadmisible la pérdida de población o territorio. También podrían limitarse los efectos de la autodeterminación al establecimiento de una confederación de estados conservando el vínculo común con la Corona.

Reitero que lo importante no son las propuestas que formulo sino abrir el cauce de diálogo constitucionalmente previsto, sin vetos, para alcanzar un nuevo pacto de convivencia, aún cuando las exigencias del consenso determinen unos resultados finales muy limitados. Pongo sobre la mesa las dos propuestas más arriesgadas, (centralización y autodeterminación) que responden a los intereses aparentemente irreconciliables de los distintos partidos del arco parlamentario para significar que todas las opciones deben valorarse. Entre esos extremos existen infinitas opciones entre las que destaca la profundización en el estado autonómico desde un punto de vista federal. El proceso de reforma, imitando lo dispuesto en la Ley de Transitoriedad catalana, (Foro Social Constituyente), debería estar presidido por el principio de participación ciudadana, evitando una reforma constitucional elaborada exclusivamente por las élites políticas como en el 78.

También debería reformarse el sistema de financiación autonómica incluyendo el principio de ordinalidad, (que la solidaridad no implique que alguna comunidad pierda puestos en renta per cápita), y el Senado debería convertirse en una cámara de representación territorial que apruebe exclusivamente las leyes atinentes a competencias autonómicas y cuyos representantes sean elegidos directamente por las comunidades Autónomas.

2.- La reconstrucción de una identidad nacional española deber partir de una premisa: no se trata de fortalecer una identidad nacional frente a la catalana o vasca sino crear vínculos simbólicos que representen tanto a las diferentes ideologías políticas; a las dos Españas, como a las distintas naciones y comunidades históricas. Cualquier acuerdo debería ajustarse a los principios de reconciliación nacional y plurinacionalidad. Entre España y el independentismo la batalla más importante es la del relato, esta batalla no la ganarán las armas o el derecho, sino los poetas.

Al himno habría que ponerle letra, resulta habitual que los ciudadanos remitan propuestas al congreso y el COE realizó un intento oficial que fracasó. Podría recuperarse esta iniciativa inspirándonos en nuestros poetas y en textos del calado de “Vientos del Pueblo” de Miguel Hernández.

La bandera, que data de 1785, debería desvincularse del pasado franquista creando alguna fórmula que apelase al conjunto de Comunidades Autónomas y a nuestro pasado laico y republicano para lograr un símbolo integrador y menos rancio del que nos sintiéramos aún más orgullosos. No son propuestas frívolas; en el actual contexto de gravísima crisis de Estado habría que explorar todas las posibilidades sin complejos. No penséis que la reciente explosión de banderas en la manifestación de Barcelona del 8 de octubre contradice esta tesis, es una explosición reacctiva. Pero fijaos, qué frente a la unidad de los partidos independentistas, ni el Psoe ni Podemos se han unido a una marcha en defensa del orden constitucional, probablemente por no sentirse nada cómodos en actos de afirmación patriótica con los símbolos vigentes.

En el orden político/simbólico también podría asumirse una vieja reivindicación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que apuesta por la creación de un mando policial único que aúne a la Policía y la Guardia Civil, que implique la democratización y desmilitarización de este cuerpo. En estos momentos el efecto simbólico sería enorme tras los recientes acontecimientos en Barcelona.

Sería muy conveniente establecer la doble capitalidad Barcelona/Madrid propuesta por Maragall reconociendo la realidad histórica de los dos grandes reinos de España, así como desconcentrar órganos constitucionales entre distintas ciudades españolas.

Habría que reformular la fiesta de la Hispanidad pasando de mera parada militar y besamanos a un acto más festivo de representación de todas las comunidades de España y los países hispanoamericanos. En esta fiesta deberían institucionalizarse actos de reconocimiento público de los que perdieron la vida en la guerra civil, de los dos bandos, y de héroes de la guerra de la independencia, germen de la conciencia nacional española, como Juan Martín Díez “EL EMPECINADO”. Serían actos de orgullo y reconciliación nacional no revanchistas.

En estos ámbitos deberíamos inspirarnos en el trabajo de los catalanes con su cultura y sus símbolos; llevan años haciendo país reconstruyendo su historia nacional, ¿por qué habrían de ser intranscendentes reformas de orden simbólico que incrementasen los sentimientos de pertenencia y orgullo nacional por las Españas? En el actual contexto histórico de reacción frente al desafío soberanista estas reformas serían bien acogidas por los españoles. Nuestra respuesta de último recurso no pueden ser Manolo Escobar y los fandangos.

Estas propuestas constituyen un esbozo preliminar para afrontar la cuestión catalana pero lo relevante es que el Estado español tome la iniciativa política abriendo un espacio de dialogo necesario para que los catalanes y el conjunto de españoles se puedan sentir más cómodos en España relegitimando el sistema político a través de la reforma constitucional y mejorando el sentimiento de afección a España mediante la creación de una identidad integradora bajo los principios de plurinacionalidad y reconciliación. El objetivo final es que los partidos constitucionalistas de Cataluña puedan presentarse a unas previsibles elecciones plebiscitarias con un proyecto para los catalanes sólido y atractivo frente al “próces”.

La crisis es de una gravedad extrema. Este es el camino, no los tanques y los bombardeos. Los partidos catalanes están unidos, tienen un relato sólido de identidad nacional, un plan, un proyecto de futuro participativo e ilusionante y están siendo más audaces y creativos redefiniendo continuamente las reglas de juego. Cataluña 5 España 0. ¿Alguien quiere remontar el partido?