Participación privada para adelantar la Ciudad de la Justicia

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, avanza en su visita a Jaén que el proyecto se realizará con colaboración público-privada para agilizar los plazos

Una de las últimas veces que se habló de la Ciudad de la Justicia fue en septiembre del año pasado. Entonces, Junta y Ayuntamiento se pusieron manos a la obra para desencallar el proyecto y lo hicieron volviendo al plan original, decidiendo de manera definitiva cuál será el solar en el que se ubique. Después de que el propio vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, anunciara en mayo, en su visita a Jaén, que se barajaba la posibilidad de un nuevo espacio en el Bulevar, se desechó la idea y se optó, de nuevo, por Marroquíes Bajos. Y hasta ahí se puede leer.

Desde entonces, poco o nada más se ha sabido hasta ayer, que Juan Marín regresó a la capital, esta vez con mascarilla y en medio de una pandemia. Vino en su calidad de consejero de Turismo, con proyectos importantes para la ciudad, como que se convierta en sede permanente de la marca Andalucía Turismo de Interior. Pero, imposible dejar a un lado su cartera de Justicia en una ciudad que aguarda desde hace años la unificaciones de sus salas. 

Juan Marín anunció, casi de pasada y sin que a los periodistas les diera tiempo a reaccionar, que la Ciudad de la Justicia "se gestionará desde la iniciativa público privada". Esta fórmula permite, tal y como adelantó el consejero, acortar los plazos para su construcción. Más allá de reconocer que la ciudad y la provincia merecen "unas instalaciones de Justicia más modernas", no avanzó nada más.

En marzo del año pasado, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó un acuerdo para iniciar los trámites necesarios que permitan impulsar el uso de la colaboración público-privada como método complementario para acometer obras en materias de infraestructuras en Andalucía. Una fórmula que permite asumir los altos costes de las actuaciones e incrementará el ritmo inversor. De esta manera, son las empresas las que adelantan el dinero que luego es sufragado por la administración con intereses. 

La Junta de Andalucía ya recurrió en el pasado a este sistema para afrontar varios proyectos de construcción de infraestructuras. No obstante, la ejecución de algunos de ellos fue suspendida o no se llegó a culminar por circunstancias económicas o por decisión política. 

La futura Ciudad de la Justicia permitirá culminar un proyecto que reduciría la dispersión judicial en 13 sedes. Su puesta en marcha supondría un ahorro de 1,3 millones de euros en alquileres.