El Supremo confirma cuatro años de prisión para un exconcejal del PP por malversación

La sentencia, ya firme, ratifica el fallo del TSJA por pagos "inflados" que causaron un perjuicio de 3,4 millones de euros al Ayuntamiento de Jaén

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que condena a un exconcejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Jaén a cuatro años de prisión por un delito de malversación de caudales públicos agravado. El auto hace relación con pagos "inflados" a la empresa Matinsreg que ocasionaron un perjuicio económico cifrado en 3,4 millones de euros.

Según recoge Europa Press, el alto tribunal también ha ratificado las penas impuestas a tres de los empresarios condenados en la causa que habían presentado recurso de casación. En el procedimiento resultó absuelto el que fuera alcalde de Jaén y secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya (PP). Tambien fue absuelto el exconcejal del PP Miguel Ángel García Anguita.

Se desestima, así, el recurso presentado por el exedil y confirma íntegramente la condena impuesta. La resolución es firme y será remitida a la Audiencia de Jaén para su ejecución, lo que implica su ingreso en prisión.

La sentencia confirmada establece que el administrador único de Matinsreg, empresa con sede en Zamora, actuó de común acuerdo con otros dos empresarios condenados y, “animados de lucro”, acordaron presentar al Ayuntamiento de Jaén facturas con conceptos no ajustados a la realidad.

Entre el 8 de agosto de 2012 y el 15 de septiembre de 2013, se facturaron productos químicos para las fuentes municipales por valor de 1,4 millones de euros cuando su coste real era de 17.423 euros. Asimismo, se facturaron 48.236 horas de trabajo por un importe de 1.392.090,66 euros (sin IVA), lo que equivaldría a una plantilla mensual de entre 22 y 29 trabajadores, pese a que la empresa nunca contó con ese número de empleados.

La Audiencia de Jaén señaló que el plan de los empresarios requería la colaboración de una autoridad o funcionario encargado de fiscalizar las facturas para lograr su pago. Tras los recursos resueltos por el TSJA y ahora por el Supremo, la responsabilidad penal queda limitada al exconcejal cuya condena ha sido confirmada íntegramente.