Los tambores de guerra vuelven a sonar en Jaén por la Universidad

El choque entre la UJA y la Junta resurge con el presupuesto de 2026 mientras la sociedad jiennense, la oposición y el Gobierno autonómico esgrimen lecturas opuestas sobre el futuro financiero de la institución

Los conflictos entre la Universidad de Jaén y la Junta nunca terminan de apagarse del todo. Parecen silenciarse, como tambores de guerra que aguardan pacientemente a que alguien vuelva a tocarlos. Esta semana han vuelto a sonar. El proyecto de Presupuestos para 2026 ha reactivado una tensión soterrada, y el rector, Nicolás Ruiz, ha roto el silencio para advertir públicamente de que la institución se enfrenta a una “asfixia” que amenaza su estabilidad más básica.

En rueda de prensa, Ruiz expone que las cuentas autonómicas incumplen el Modelo de Financiación pactado en 2023 y que, además, fijan para la UJA un límite de gasto en personal inferior al ejecutado en 2024. No es solo una cuestión técnica, sino un gesto político que en Jaén se interpreta como un golpe inesperado.

Dice que los acuerdos firmados no se respetan, que los incrementos salariales se disfrazan de proyectos extraordinarios y que la universidad no sabe qué recursos recibirá realmente en 2025. Esto convierte el 2026 en un terreno de arenas movedizas. Y es que cuando la universidad duda de su futuro inmediato, lo hace también la provincia.

El eco de sus palabras rebota rápidamente en la sociedad civil. La Plataforma en Defensa de la UJA, que en octubre dejó para la historia una movilización multitudinaria, percibe el movimiento de la Junta como una traición a la confianza generada en los últimos meses. Su comunicado, cargado de memoria y de hastío, acusa directamente al presidente andaluz de haber “vuelto a fallar”. 

En el Parlamento, el PSOE recoge el guante con rapidez y situó el conflicto en un contexto más amplio. El diputado Jacinto Viedma recordó episodios pasados, desde los problemas recurrentes de financiación hasta el intento de suprimir el Grado en Ingeniería Biomédica, para describir la actitud de la Junta como una deriva continua hacia el deterioro de lo público. Asegura que “todo está en el aire” y advirtió que los repartos pendientes pueden poner en riesgo el modelo de financiación universitario. Sus palabras encajan en una lectura política que, más allá de los números, plantea un choque de fondo entre dos modelos de universidad.

Pero el relato no es unilateral. Desde el Gobierno andaluz rechazan de lleno la idea de asfixia. El delegado territorial, Francisco José Solano, reacciona con dureza a las palabras del rector y asegura que la UJA ha visto crecer su financiación “de manera considerable” en los últimos años. Según sus datos, la universidad recibía 87 millones en 2018 y este año supera los 105, un incremento de 18 millones que la Junta considera prueba de su compromiso.

Solano expresó “sorpresa y estupor” ante la afirmación de que la universidad podría tener dificultades para pagar las nóminas, y recordó que el presupuesto aprobado por el Consejo Social para 2025 fija los gastos de personal en unos 92,5 millones, una cifra muy inferior a los fondos que —asegura— ya ha transferido la administración autonómica. Para la Junta, la alarma del rector “no se sostiene” y omite que aún queda un segundo reparto de financiación pendiente, que podría cerrar el acuerdo definitivo con los rectores en cuestión de días.