La Junta prevé que la Ciudad de la Justicia esté operativa en 2029

El proyecto avanza tras desbloquearse el informe que llevaba siete meses pendiente; la licitación se prevé para inicios de 2026

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha situado en 2029 la fecha prevista para la puesta en marcha de la Ciudad de la Justicia de Jaén, un proyecto que, tras más de dos décadas de anuncios fallidos, entra ahora en una fase que ha calificado de “irreversible”.

Según ha explicado durante su visita a la capital, la Consejería ha recibido el informe del Comité de Cuentas Relacionales, un trámite que se solicitó a finales de marzo y cuya resolución se ha demorado siete meses. Nieto ha señalado que este documento “avala el trabajo técnico realizado” y permite continuar con el procedimiento administrativo.

El siguiente paso será la elaboración, por parte del Gabinete Jurídico de la Junta, del informe que debe acompañar al expediente para elevarlo a la Oficina de Evaluación Financiera de Andalucía, cuyo dictamen es imprescindible según la Ley de Contratos del Sector Público de Andalucía para poder sacar las obras a licitación.

La previsión que maneja la Junta es que ese último informe esté disponible entre finales de 2025 y los primeros días de 2026. Una vez superado este trámite, se procederá a la licitación del proyecto, cuya ejecución tendrá un plazo máximo de 30 meses, lo que sitúa el horizonte de finalización en 2029.

Nieto ha reconocido que el recorrido hasta llegar a este punto ha sido “largo y lleno de obstáculos”, debido a la dimensión económica y técnica de la infraestructura. Ha recordado que la iniciativa se anunció por primera vez en el año 2000 y que desde entonces se han sucedido compromisos que no llegaron a materializarse. Sin embargo, ha defendido que la situación actual es distinta porque el proyecto “por fin cuenta con un expediente completo que avanza sin posibilidad de marcha atrás”.

La futura Ciudad de la Justicia permitirá reunificar los órganos judiciales dispersos actualmente en diferentes sedes de la capital, con el objetivo de mejorar la organización de los servicios, la atención a la ciudadanía y las condiciones de trabajo del personal judicial.