Por una consulta sobre el servicio de autobús

Por Miguel Quesada Cabrera, María Dolores Nieto Nieto, miembros de JSyC

Si hubiese que nombrar en dos palabras la historia de la relación de la ciudad de Jaén con las administraciones durante las últimas tres o cuatro décadas, podrían ser "Vuelva usted mañana", convirtiéndose “mañana” en un agujero en el espacio tiempo. Cómo la historia viene ya de muy lejos, podría servirle de fondo musical, La Yenka. Si buscan un vídeo internet con esa palabra, comprobarán que en la danza, mueven una pierna, mueven la otra, saltan adelante, luego atrás, giran... pero a penas si se mueven del mismo lugar.

Cuando se empezó hablar de la construcción de un instituto en el casco antiguo, la generación que hoy ha cumplido ya los 30, andaba entre educación infantil y primaria. Hace años ya que terminaron la carrera universitaria, y la mayoría se marcharon fuera de Jaén. En un momento dado, tras una serie de movilizaciones promovidas por las AMPAS, la Delegación de Educación mantuvo varias reuniones con una representación de estas, les mostró hasta los planos del futuro edificio y salieron todas las madres y padres emocionadas con las perspectiva, que parecía inmediata, así que suspendieron las movilizaciones. 

Y...¡Ahí sigue el APA III!. De nuevo en la agenda diaria de las administraciones con sus futuros y novedosos proyectos. 

Hay pocos en Jaén que no se hayan ajustado a este patrón. Aunque alguno hubo, como el ferial de la Vestida que marcó en los 90 una de las excepciones.

Cómo sucede ahora, ningún grupo político tenía mayoría suficiente por sí sólo en el gobierno municipal.  El proyecto para construir un nuevo ferial ubicado en Las Lagunillas, contaba con el consenso de los grupos mayoritarios, PSOE PP y otros importantes sectores económicos de la ciudad. Esto ya auguraba un rápido desenlace, aunque el resto de administraciones, como de costumbre, no parecía predispuesta a poner una peseta para el asunto. Pero la opción no gustaba a los vecinos que preferían mantener su ubicación en La Vestida. La ausencia de mayoría absoluta y la apuesta por los procesos de democracia participativa del grupo municipal minoritario, (IU) que había propiciado con su voto la investidura del Alcalde del PSOE, había dado alas a las asociaciones vecinales federadas entonces en OCO, que vivían un momento de vitalidad poco habitual hasta esa fecha, convirtiéndose en actores protagonista de comisiones municipales y en particular en los debates de presupuestos municipales.

En los pasillos, el acuerdo estuvo prácticamente cerrado. Dos poderosas razones coincidentes, el interés de los negocios privados y el interés de las administraciones para cerrar ajustes presupuestarios a costa de territorios periféricos cómo Jaén, llevaban el ferial casi sin remedio a Las Lagunillas. Pero en el camino se tropezaron con la memoria sentimental de la ciudad que prefería seguir celebrando sus ferias y manteniendo los futuros recuerdos de sus hijos e hijas en La Vestida. Finalmente el asunto se decidió en 1992 en una consulta ciudadana, promovida por OCO y coordinada por el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid bajo la dirección del Doctor y especialista en los procesos de participación ciudadana Tomás Rodríguez-Villasante, un sondeo basado en una muestra de centenares de entrevistas de ciudadanos y ciudadanas de todos los barrios de la ciudad. El 95 por ciento de las personas encuestados dijeron que el ferial debía de instalarse en La Vestida, y esa opción la eligieron por mayoría en todos los distritos de la ciudad. Así que  el gobierno municipal tuvo que plegarse a la voluntad popular y la ubicación del nuevo Ferial se acordó definitivamente y por unanimidad donde actualmente se encuentra. Cuando llegó la hora de acometer el proyecto las mayorías políticas en el Ayuntamiento habían cambiado, pero aunque el nuevo gobierno municipal tenía mayoría de sobra para redefinirlo a su criterio, (otro patrón municipal habitual en la ciudad) dado el amplio proceso participativo que había ayudado al desenlace, y el consenso ciudadano expresado, ya no se atrevió a contrariar el acuerdo vecinal y municipal del mandato anterior.

Sea cómo fuere, el caso es que, la Consulta Popular sobre el futuro del servicio de autobuses urbanos, que defiende el recientemente constituido Comité de Apoyo a la Consulta Popular  cuenta con antecedentes de participación vecinal para resolver cuestiones de importancia local, que se han demostrado mucho mas eficaces que el habitual, interminable y opaco baile entre administraciones, e intereses privados, y dado el contexto que rodea a este servicio consideramos que es la opción mas necesaria.

Cómo se recordará el Pleno del Ayuntamiento de Jaén aprobó el pasado 15 de Octubre , según la propuesta presentada en abril por Jaén en Común y Jaén Sentido y Común, iniciar un expediente de revisión de oficio, para declarar nulo de pleno derecho el Decreto de la Alcaldía de 25 de Julio de 2005 de prórroga del Contrato del Servicio de Transporte Urbano 

El expediente de nulidad incoado por el Ayuntamiento, deberá seguir el procedimiento regulado en el artículo 106 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Al día de hoy el expediente se ha remitido al Consejo Consultivo de Andalucía, que debe emitir un informe de carácter preceptivo y vinculante. Después, una vez emitido este informe, el Pleno del Ayuntamiento adoptará el acuerdo definitivo del expediente. Acuerdo que podrá ser recurrido en vía administrativa y judicial.

Si finalmente, el Pleno del Ayuntamiento acuerda declarar nulo de pleno derecho el Decreto de prórroga del Contrato del año 2005,  tendrá de decidir cuál va a ser la forma futura de gestión del servicio, que puede ser mediante la gestión directa o una nueva privatización sacando a licitación la gestión del servicio  para concedérsela a una empresa privada. El actual equipo de gobierno ya ha expresado su intención de volver a privatizar el servicio y ha anunciado la contratación de una consultora para redactar las bases de un nuevo pliego de licitación, aunque las fuerzas políticas que lo componen, PSOE y Ciudadanos, no llevaban en sus programas municipales la resolución del contrato con Castillo, sólo la propuesta de control de empresas concesionarias.

Hablar del transporte público urbano es hablar de la accesibilidad y conexión de los barrios, de su conexión con el tranvía, de la contaminación y la salud de las personas, de los derechos laborales de los trabajadores del servicio, de la deuda y los presupuestos municipales, del control de los servicios públicos y del papel que debe jugar el Ayuntamiento en la ciudad.

En este contexto, consideramos que por la importancia de este servicio y sus implicaciones es necesario que esta cuestión se resuelva con la participación de todos los vecinos y vecinas y de los movimientos sociales de la ciudad, como, en el ejemplo citado de 1992 y que sea una Consulta Popular, con información y debate público, abierto y organizado, la que decida sobre la forma de gestión del servicio.

Excluir y descartar de antemano la municipalización del Servicio de Transporte Urbano de la ciudad de las posibles opciones municipales, en base a la situación económica del Ayuntamiento, no es ni sensato ni coherente si se tiene en cuenta que la deuda municipal se deriva, en buena parte de la extensión de los modelos de gestión privada de servicios: es decir los beneficios privados, pero los costes para el presupuesto público.

La propuesta de Consulta Popular defienda la participación de todas las personas que quieren democracia local, debate y transparencia,  independientemente  si se está a favor o en contra de la municipalización o de la gestión privada. Se trata precisamente de poner encima de la mesa los argumentos y razones a favor de un modelo o de otro,  siempre teniendo presente como deber ser la movilidad futura en nuestra ciudad.

Las consultas sobre asuntos de interés local, como la propuesta, tiene su base en el derecho constitucional de todos los vecinos y las vecinas de participar en los asuntos públicos locales regulado en el  18 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local establece que es un derecho de vecinas y vecinos,  pedir la consulta popular en los términos previstos en la Ley. 

La regulación legal, desarrollo del proceso,votación, escrutinio, censos etc, está contenida en la Ley 2/2001, de 3 de Mayo, de la Comunidad Autónoma de Andalucía y son los mismos que los establecidos en el régimen electoral general.  Conforme a esta norma la iniciativa de la consulta puede ser de la Corporación Municipal o de los vecinos y vecinas. En este último caso, la solicitud de la consulta deber ir suscrita por la firma de un determinado número de habitantes que en el caso de ciudades de más de 100.00 habitantes como Jaén, es de 6.150 más el 3% de los habitantes que excedan de 100.000 (12.999), en total 6.540 firmas. A la vista de la solicitud, y previo trámite de información pública, el Pleno debe aprobar la convocatoria de la consulta, así como la pregunta redactada de forma inequívoca para responder en sentido afirmativo o negativo, y solicitará autorización al gobierno de la nación para su realización.

En el recién constituido Comité Ciudadano de Apoyo a la Consulta Popular, encargado de coordinar las tareas de recogidas de firmas, de comunicación y de organización del debate público, se puede participar a título personal, está abierto a todas las personas que compartan la preocupación por que la cuestión del servicio de autobuses urbano se resuelva poniendo en primer lugar el interés de la ciudad.

Por Miguel Quesada Cabrera, María Dolores Nieto Nieto, miembros de JSyC