Cruce de acusaciones por el supuesto desalojo de 18 viviendas sociales

El PP denuncia un requerimiento para desalojar a familias vulnerables y el Gobierno alude a que se trata de regular cesiones internas

La situación de 18 viviendas sociales en el casco histórico de Jaén ha causado un nuevo enfretamiento político en el Ayuntamiento, con acusaciones cruzadas en un asunto especialmente sensible. No es otro que el miedo de varias familias vulnerables a perder el techo bajo el que viven.

La polémica comenzó cuando el Grupo Popular denunció públicamente un requerimiento de la Sociedad Municipal de la Vivienda (Somuvisa) dirigido al Patronato de Asuntos Sociales para que devolviera 18 inmuebles actualmente habitados por familias en situación de exclusión social. En el documento, fechado el 9 de enero, se solicita que las viviendas sean entregadas “libres de ocupantes y enseres” y que se inicie un proceso de desocupación.

La concejal del PP María Segovia aseguró que no se trata de ocupaciones ilegales, sino de viviendas adjudicadas legalmente por los servicios sociales municipales a personas sin alternativa habitacional. "Estamos hablando de niños, de personas mayores, de familias que entraron en estas casas con el aval del propio Ayuntamiento", defiende. Segura que si se ejecutara el requerimiento, decenas de personas podrían quedarse en la calle en barrios ya castigados socialmente.

Los populares también subrayan que el escrito fija un plazo máximo de cuatro meses para la devolución y contempla una compensación económica de 350 euros mensuales por vivienda en caso de incumplimiento. A su juicio, supondría una presión añadida sobre los servicios sociales.

La respuesta del Gobierno local no se ha hecho esperar. El Ayuntamiento niega que exista ningún desalojo en marcha y acusa al PP de convertir una comunicación interna en una "noticia fake" para generar alarma social. Aluden que se tramita un procedimiento técnico para regularizar años de cesión gratuita de viviendas entre dos áreas municipales, Asuntos Sociales y Somuvisa, con el objetivo de ordenar jurídicamente la situación y hacerla más eficaz.

La concejal de Servicios Sociales, Ángeles Díaz de la Torre, defiende que el proceso se coordinará con una futura ordenanza que regule el acceso a las viviendas sociales para garantizar igualdad de oportunidades. Desde Somuvisa, su presidenta, África Colomo, insiste en que la empresa municipal está obligada a regular sus propiedades conforme a la ley y que eso no implica expulsar a ninguna familia.