Descontento entre el sector agrario con el decreto de sequía

Organizaciones agrarias demandan al Gobierno central medidas más contundentes ante el grave problema del incremento de precios de los costes

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al decreto-ley de medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía. La reserva hídrica española está actualmente al 44,1% de su capacidad total, el nivel más bajo desde 1995. En el caso de Jaén, apenas supera el 26%. De ahí que se haya aprobado un paquerte de medidas que competen a seis departamentos ministeriales y afectan a los ámbitos fiscal, laboral, financiero e hidrológico, con un impacto estimado de 450 millones de euros. El sector agrario andaluz y jiennense lo considera insuficiente.

Entre las medidas de carácter social está el aplazamiento del pago de cuotas de la Seguridad Social, la reducción de 35 a 20 del número de peonadas, a los efectos de la percepción del subsidio agrario en Andalucía y Extremadura, y la posibilidad de que los trabajadores temporales del campo puedan adquirir la condición de fijos-discontinuos.

En el bloque de carácter fiscal, se reduce un 20% el rendimiento neto en la estimación objetiva singular del régimen agrario y ganadero, denominado sistema de módulos, y se exime del IVA rústico a aquellas explotaciones que hayan sufrido una disminución de más de un 30% en los rendimientos agrarios o ganaderos.

Para garantizar la liquidez en el sector, se crea una línea de ayuda, en régimen de concesión directa, para la bonificación del principal de operaciones de financiación formalizadas a través de las entidades financieras, para lo que se habilita un presupuesto de 10 millones de euros, que podrá movilizar más de 100 millones de euros en el sector. Además, habrá una línea de financiación de avales de 2,17 millones de euros de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) y se incrementa con una dotación extraordinaria de 11 millones de euros el 43º Plan de Seguros Agrarios Combinados.

Un cuarto paquete de medidas está relacionado con la Política Agrícola Común (PAC). España solicitará, entre otras, el incremento de la dotación del adelanto de la PAC para este año 2022 en el próximo mes de octubre y también la posibilidad de flexibilización de las condiciones de aplicación. Finalmente, para compensar costes energéticos, se fijan tarifas asumibles para el agua desalada y las aguas procedentes del Júcar-Vinalopó. En las cuencas del Guadalquivir y del Guadiana, además, se reducirán las cuotas del canon de regulación y las tarifas de utilización del agua y se realizarán obras de emergencia por valor de 9,65 millones.

LA REACCIÓN DEL SECTOR

Para Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía el paquete de medidas es "totalmente insuficiente". Considera que no atiende las "necesidades reales" del sector agrario andaluz, que arrastra varias campañas de déficit hídrico, asume desde hace más de un año una escalada incesante de los costes de producción y afronta un cambio de paradigma en el reparto de los fondos nacionales de la PAC con un "Plan Estratégico que es totalmente lesivo". 

La federación recuerda que la situación de sequía en Andalucía no se trata de un problema coyuntural que se solucione con parches económicos. Apuestas por un paquete de inversiones en infraestructuras hídricas, que permita construir una red modernizada y adaptada a las necesidades reales.

Por otro lado, las soluciones planteadas por el Gobierno para paliar el incremento de los costes de producción son también escasas, a juicio de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía.

Por su parte, UPA Andalucía cree que las medida van en la buena dirección, pero no son suficientes para compensar los daños. Su secretario general, el jiennense Cristóbal Cano, echa de menos ayudas directas para los agricultores y ganaderos, así como otras que amortigüen los costes de producción tan elevados que soporta el sector y que ponen al límite a miles de explotaciones.

Asimismo, demanda la autorización, de forma inminente, de los adelantos de las ayudas de la PAC y, sobre todo, un paquete de medidas que amortigüe los costes de producción tan elevados en materia de gasóleo agrícola, de fertilizantes, fitosanitarios o energía eléctrica. "Incrementos que están poniendo al límite la viabilidad de miles de explotaciones en nuestra región", concreta Cristóbal Cano. 

Sabor agridulce, también en la organización COAG. "Necesitamos que el Gobierno intervenga en el mercado de la energía y los combustibles, fijando unos precios máximos. Es una vergüenza que los millones de beneficios caídos del cielo de las eléctricas lastren la producción de alimentos en un contexto en el que la seguridad alimentaria de Europa se tambalea por los efectos de la guerra en Ucrania", apunta Miguel Padilla, su secretario general.

En el ámbito jiennense, su responsable, Juan Luis Ávila, alerta que para la provincia de Jaén son "migajas" que van más allá del escenario de sequía. Recuerda que el precio del combustible hace que sea inviable que los tractores salgan al campo a trabajar. Por eso, demanda al Gobierno central que sea "valiente" y adopte "medidas potentes".

Finalmente, desde Asaja Jaén también se muestra su disconformidad. "Las medidas tienen pocas novedades con respecto a otros años. Volvemos a más de lo mismo: reducción de módulos, de las peonadas que hay que juntar para cobrar el desempleo, algo novedoso con las desaladoras y un ligero incremento en el presupuesto por parte del Estado a Agroseguro para que las indemnizaciones se puedan cobrar algo más y de forma ágil, pero poco más", explica el gerente y portavoz de ASAJA-Jaén, Luis Carlos Valero.