La dependencia de la Fiscalía

La verdad es que uno se cansa de seguir luchando contra los molinos de viento. La Fiscalía no depende del Gobierno diga lo que diga Pedro Sánchez. Los Fiscales actuamos de acuerdo con los principios funcionales de unidad y jerarquía, principios que existen para que la ley se aplique por igual en toda España, ya que de otro modo, al ser independientes los jueces un asunto igual puede tener un resultado diferente en La Coruña o en Jaén. Para lograr esta unidad, la FGE dicta instrucciones, circulares y consultas obligatorias para todos nosotros que se elaboran con participación de los órganos superiores del Ministerio Fiscal fiscales y que se hacen públicas por lo que pueden ser conocidas por todo el mundo.

Pero esa jerarquía se para en el FGE, no salta al Gobierno. Según el Estatuto Orgánico el Gobierno puede interesar de la Fiscalía una actuación pero el FGE debe oír a la Junta de Fiscales de Sala que es un órgano profesional y no político, y luego hacer lo que crea conveniente. Interesar no es ordenar. Ejemplo de ello lo hemos tenido muy recientemente con el caso del proceso catalán. El abogado del estado si cambio a sedición como intereso el Gobierno, pero la Fiscalía no creyó conveniente hacerlo y no lo hizo. Si dependiera del gobierno lo hubiera cambiado. También podemos comprobar, solo yendo a las hemerotecas, la de veces que la Fiscalía y sus distintos órganos han perseguido a importantes miembros del partido que, en ese momento, se encontraba en el poder.

Cierto que el/la FGE la nombra el Gobierno pero eso no cambia la ley. La sintonía que pueda tener con el mismo está matizada porque todos los Fiscales estamos sometidos al principio de legalidad. Solo estamos sometidos a la ley. Incluso el Estatuto en la actualidad establece un plazo en que el FGE no puede ser cesado salvo por motivos tasados, entre los que no está el de no seguir las peticiones del Gobierno. Si en algún caso ha existido un FGE seguidista con el Gobierno ha sido más bien por compartir los criterios del mismo o por falta de talla profesional del nombrado. Si el magistrado Pablo Llarena retiro la euroorden de detención fue por evitar el riesgo de que no se concediera en Alemania nada más que por malversación, ya que los magistrados alemanes no veían claro la comisión de un delito de rebelión y, al ser entregado a España, no pudiéramos juzgarlo por el mismo. Tras la sentencia han cambiado las cosas. Ya no la pide por rebelión, si no por sedición y malversación, y la condena del Tribunal Supremo apuntala esta posición. Nada ha tenido que ver la intervención del Presidente del Gobierno. Además la postura de la Fiscalía siempre ha sido la misma.

El uso incorrecto, rastrero e intencionado que los políticos hacen de la justicia por motivos generalmente electoralistas, y dentro de ella, del Ministerio Fiscal supone una irresponsabilidad total. Al final se volverá en su contra. Y es una puñalada trapera al sistema democrático.