La familia de La Madgalena es desalojada ante la indignación de la PAH

La plataforma registrará  una declaración institucional en el Ayuntamiento de Jaén para exigir un "posicionamiento claro" en en casos vinculados grandes tenedores y fondos de inversión

El desahucio de una familia residente en el barrio de La Magdalena, de Jaén capital, con un bebé de ocho meses, se ha consumado esta mañana, tal y como confirma a este periódico la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Jaén. "No hay escudo social y ganan los fondos de inversión en lugar de las personas", lamenta en declaraciones a este diario Isabel Mateos, portavoz del colectivo.

La plataforma registrará  una declaración institucional en el Ayuntamiento de Jaén para exigir "un posicionamiento claro de todas las fuerzas políticas" en defensa de las familias afectadas por procesos de desahucio vinculados a grandes tenedores y fondos de inversión.

La declaración reclamará que el Ayuntamiento actúe "de forma activa" frente a los fondos buitres, exigiendo procesos reales de negociación previa, la paralización de demandas cuando existan situaciones de vulnerabilidad y la aplicación efectiva de alquileres sociales antes de cualquier lanzamiento.

En este caso, la vivienda pertenece al un fondo de inversión inmobiliaria y la familia afectada llevaba más de un año y medio intentando evitar el lanzamiento sin haber obtenido una alternativa habitacional, de acuerdo con el relato de la PAH.  "La vivienda no puede seguir tratándose como una mercancía ni las familias como daños colaterales de la especulación financiera", esgrime Mateos.

"Lo ocurrido hoy en Jaén no es un accidente. Es el resultado de una ausencia de voluntad política para poner límites a los fondos buitres y proteger de manera efectiva el derecho a la vivienda", apostilla.

LA CRONOLOGÍA DEL CASO

La plataforma explica que la defensa jurídica de la familia presentó el pasado 18 de mayo un escrito solicitando la suspensión del desahucio al amparo del Real Decreto-ley 11/2020. En esa petición se alegaba una situación de extrema vulnerabilidad y se apelaba a la protección del interés superior del menor.

Ese mismo día, según relata la PAH, la afectada acudió a Servicios Sociales para solicitar la elaboración del informe de vulnerabilidad. Allí se le indicó que dicho documento debía ser solicitado directamente por el juzgado.

Ante la cercanía de la fecha fijada para el lanzamiento, la abogada de oficio contactó posteriormente con los servicios municipales para reclamar una actuación urgente. Finalmente, la familia fue citada el 26 de mayo para una entrevista social y este miércoles recogió el documento emitido.

ESPECIAL VULNERABILIDAD

Sin embargo, la PAH sostiene —siempre según su versión— que el texto entregado no constituye un informe social de vulnerabilidad "en sentido estricto", sino un documento descriptivo basado en la información aportada por la propia afectada durante la entrevista.

La plataforma lamenta además que no incluya medidas concretas ni una propuesta de solución residencial. "El denominado 'escudo social' no está funcionando y que las familias vulnerables continúan quedando expuestas frente a fondos de inversión y procedimientos de desalojo", remarca Isabel Mateos, portavoz de la PAH.

El colectivo insiste en que el caso presentaba una situación de "especial vulnerabilidad", al tratarse de una unidad familiar con un bebé de ocho meses, sin alternativa de vivienda y con dificultades de acceso al mercado del alquiler.