Piden la paralización del desahucio de una madre con dos menores
La PAH y la AABI subrayan que la mujer está también pendiente de ser valorada por problemas de salud y piden ayudas económicas para el arrendador
Una madre enferma, de nacionalidad venelozana afincada en Jaén capital, con dos hijos de 14 y 17 años lucha para evitar ser desahuciada. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Jaén y la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados han pedido por escrito al juez de Instrucción número 3 que paralice el desahucio.
La mujer no tiene fecha de lanzamiento, pero se le ha denegado la paralización del desahucio, según señalan las asociaciones, que subrayan que no están en contra del arrendador, también considerado “vulnerable”. “No queremos enfrentar a ninguna parte. Pedimos ayudas económicas para el arrendador hasta que haya alternativa digna para familia”, expresa en declaraciones a este medio Isabel Mateos, portavoz de la PAH.
Ambos colectivos subrayan que el lanzamiento vulnera “el derecho a la protección” de la salud de la mujer y de sus hijos. “La familia cumple con los requisitos para ser considerada de especial vulnerabilidad y sin alternativa habitacional”, remarcan en un comunicado, y señalan que hay un informe de exclusión social emitido por los servicios sociales comunitarios.
Además, la PAH y Barrios Ignorados inciden en que hay un “evidente riesgo” para la salud, agravado por las circunstancias de la crisis sanitaria.
LA SALUD DE LA MADRE
La mujer, según el relato de los colectivos, fue operada de dos hernias discales en las vértebras en 2020 e ingresa “por segunda vez” por una infección bacteriana con fiebre de más de 40 grados y convulsiones. “Está pendiente de pruebas diagnósticas para concluir su estado de dependencia”, apuntan.
En estos momentos la madre está pendiente de ser valorada por el Centro de Valoración y Orientación para Personas con Discapacidad. Que padezca movilidad reducida dificulta aún más su inserción en el mercado y la posibilidad de tener ingresos.
“No entendemos cómo se deniega la suspensión del desahucio cuando objetivamente esta familia vive una situación de necesidad y riesgo social, ya que carecen de recursos para subsistir de forma sobrevenida a raíz de la imposibilidad de trabajar ante el padecimiento de esta grave enfermedad, e igualmente agravada por la situación de pandemia que ha empeorado las condiciones sanitario-laborales”, agregan.
A juicio de los colectivos, la familia requiere de vivienda y medios de subsistencia y el arrendatario, recursos económicos que puede solicitar hasta que haya una alternativa habitacional “digna”.
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