De la cárcel al desamparo tras cumplir condena

Cáritas denuncia que un hombre con un 49% de discapacidad salió de prisión el pasado domingo en Jaén sin un recurso asistencial

El domingo salió de la cárcel de Jaén después de cumplir su condena sin tener un recurso asistencial al que acudir. Esa primera noche la pasó en el hogar de acogida Nazaret gracias a la intervención de Cáritas y de los capellanes de la prisión. Dos días después, A. C. G., de 58 años y con una discapacidad reconocida del 49%, tiene una solución provisional: el Ayuntamiento de Jaén y Cáritas han coordinado su atención en una residencia del entorno de la capital.

El caso, sin embargo, no termina ahí. El Ayuntamiento sostiene que la Junta de Andalucía conocía desde abril la situación de especial vulnerabilidad de este hombre y que durante cinco meses no le proporcionó una plaza residencial. La concejal de Servicios Sociales, Ángeles Díaz de la Torre, anuncia que el Consistorio llevará lo ocurrido ante el Defensor del Pueblo Andaluz.

A. C. G., vecino de un municipio de la sierra jiennense, terminó el domingo su condena en la prisión provincial y debía abandonar el centro. Según denunció Cáritas Diocesana de Jaén, no había preparado un recurso que pudiera hacerse cargo de él pese a su estado de salud, sus dificultades de movilidad y la ausencia de una red de apoyo.

Fueron los capellanes de la prisión quienes, preocupados por su situación, alertaron a Cáritas. Según relató la entidad, se les comunicó que el hombre no podía permanecer en prisión después de la cena y que debía salir ese mismo domingo, aunque se quedara en la calle.

La solución inmediata fue el hogar de acogida Nazaret, gestionado por Cáritas y la Delegación de Pastoral Penitenciaria. Allí pudo pasar la noche. Desde el primer momento, Cáritas advirtió de que se trataba únicamente de una respuesta de emergencia porque el hombre necesita atención durante las 24 horas y un recurso adecuado a sus características.

Su situación médica añade complejidad al caso. La Junta de Andalucía le reconoce un grado de discapacidad del 49%. El dictamen del Centro de Valoración y Orientación de Jaén recoge parkinsonismo inducido por neurolépticos, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión esencial y un trastorno de la personalidad y del comportamiento, además de dificultades de movilidad.

El director de Cáritas Diocesana de Jaén, Rafael Ramos, cuestionó tras conocer el caso la falta de previsión y coordinación entre administraciones. “Las juntas de tratamiento y los servicios sociales penitenciarios conocen el historial clínico de los internos con meses o años de antelación”, sostuvo. A su juicio, los diagnósticos de A. C. G. exigían una “actuación preventiva prioritaria”.

La situación ha cambiado este martes. El Ayuntamiento de Jaén asegura que está atendiendo al hombre “por humanidad y sin tener competencias directas en este caso” y que, junto a Cáritas, ha articulado los mecanismos para que pueda ser atendido provisionalmente en una residencia del entorno de la capital.

El Consistorio dirige ahora sus críticas hacia la Junta de Andalucía. Díaz de la Torre asegura que la Administración autonómica tenía conocimiento de la situación desde abril, cuando recibió informes que advertían de la especial vulnerabilidad del hombre.

“No es de recibo que en el Ayuntamiento podamos dar solución a la situación de esta persona en una semana y, sin embargo, la Junta, en cinco meses, no haya sido capaz de ofrecer una plaza de residencia en toda Andalucía a esta persona a pesar de su especial situación de vulnerabilidad”, afirma la concejala.

La edil señala además que este tipo de servicios están centralizados en Sevilla por parte de la Consejería competente y se pregunta si durante estos meses no ha existido “en ninguna provincia de Andalucía una plaza residencial, un recurso asistencial para atender a una persona en esta situación de grave vulnerabilidad”.

Díaz de la Torre también ha respondido a la denuncia realizada por Cáritas. La concejala reclama a las organizaciones del tercer sector que las “exigencias y las críticas” se dirijan hacia las administraciones que, según sostiene, tienen las competencias y los recursos para responder ante estas situaciones.

El Ayuntamiento considera lo sucedido un “caso flagrante” y anuncia que lo trasladará al Defensor del Pueblo Andaluz para que tenga conocimiento de lo ocurrido.

Desde aquel domingo en el que A. C. G. atravesó la puerta de la cárcel sin un recurso asistencial preparado, su situación ha cambiado. Primero encontró una cama de emergencia en Nazaret y ahora una plaza provisional en una residencia. Queda por determinar por qué esa respuesta no estaba preparada antes de que terminara una condena cuya fecha de finalización era conocida.