El juez cita a 18 ex altos cargos de la Junta por las ayudas a Santana Motor

La causa examina el destino de más de 44 millones de euros canalizados a través de IDEA después de acordarse la liquidación de la factoría de Linares en 2011

El juez José Ignacio Vilaplana ha reactivado la investigación sobre las ayudas públicas concedidas a Santana Motor con la citación como investigados de 18 antiguos altos cargos de la Junta de Andalucía y miembros del Consejo Rector de la Agencia IDEA, por presuntas irregularidades en la financiación del cierre de la histórica factoría automovilística de Linares.

Según adelanta el diario ABC, entre los citados para finales de 2026 figuran el exconsejero de Economía Antonio Ávila Cano, los exviceconsejeros Luis Nieto y Justo Mañas y el antiguo director general de IDEA Antonio Valverde Ramos.

La investigación se centra en posibles delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental relacionados con el Plan Linares Futuro y el procedimiento utilizado para financiar ayudas a 750 extrabajadores de Santana Motor.

El magistrado examina cómo la Junta canalizó más de 44 millones de euros a través de IDEA y su filial Incuba hacia Santana Motor y Fasur, después de que se acordara la liquidación de la factoría el 29 de abril de 2011. Los fondos, procedentes de una partida presupuestaria destinada al fomento empresarial, se utilizaron para atender anticipos, indemnizaciones y prejubilaciones.

El juez investiga si este mecanismo permitió eludir los controles administrativos y la fiscalización de la Intervención General, mediante transferencias de fondos que no se ajustaban a los procedimientos legalmente establecidos para la concesión de subvenciones.

NUEVAS DECLARACIONES

La causa también recoge más de 900.000 euros en anticipos no recuperados, pagos a antiguos empleados que no resultaron beneficiarios de las ayudas y un préstamo de 1,5 millones de euros a una asociación vinculada a Matresur, cuya legalidad se encuentra bajo investigación.

Ante estos indicios, Vilaplana ha ampliado la instrucción hasta finales de diciembre de 2026 y ha ordenado nuevas diligencias para esclarecer las posibles responsabilidades.

Entre las personas citadas figuran también el exjefe del Gabinete Jurídico de la Junta, Francisco del Río, y Juan María González, sobrino del expresidente del Gobierno Felipe González.

Además, el magistrado tomará declaración a una decena de testigos, entre ellos interventores de la Junta, antiguos directivos de Santana Motor y representantes sindicales de UGT y CCOO.

El juzgado ha requerido igualmente a la Junta y a IDEA documentación sobre las partidas presupuestarias utilizadas y los contratos suscritos con el despacho de abogados Garrigues, con el objetivo de reconstruir el recorrido de los fondos públicos y determinar si existieron responsabilidades penales.