El olivar reclama cambios de fondo ante una rentabilidad que no llega

ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias reclaman medidas sobre agua, fraude, importaciones y regulación del mercado ante la pérdida de competitividad

El sector olivarero vuelve a poner el foco en la rentabilidad, pero esta vez lo hace con una reivindicación que va bastante más allá del precio del aceite. ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de España han consensuado una batería de medidas que dibuja un escenario de problemas estructurales para el olivar de almazara y reclama cambios en ámbitos que van desde el agua hasta las importaciones.

Las cuatro organizaciones hablan de una pérdida “sistemática y continuada” de rentabilidad y competitividad y reclaman al Gobierno que el olivar de almazara sea considerado cultivo y producto estratégico. España, recuerdan, es líder mundial en aceite de oliva.

El agua aparece como uno de los grandes asuntos pendientes. El sector pide aumentar la superficie de olivar en regadío, buscar nuevas fuentes de captación y dar prioridad a este cultivo en el acceso a los recursos hídricos, además de igualar las dotaciones entre los distintos modelos productivos.

MÁS CONTROLES  Y SANCIONES

Otro frente es el fraude. Las organizaciones quieren más medios para controlar el etiquetado y los movimientos de aceite, pero también inspecciones de los procesos industriales y balances de masas. Ponen especial atención en posibles adiciones de aceites de semillas, orujo o desodorizados.

Van incluso más lejos al plantear una revisión del régimen de infracciones para que determinados incumplimientos puedan tener sanciones penales. También proponen cruzar la información disponible en SIMO, REMOA, el Registro de Contratos y Aduanas para detectar operaciones de riesgo.

El documento muestra igualmente la preocupación por el funcionamiento del mercado. Las organizaciones respaldan las medidas del artículo 167 bis planteadas por el Ministerio y solicitan préstamos ICO que permitan a las almazaras afrontar los costes financieros de la autorregulación.

Las importaciones constituyen otro de los puntos sensibles. Reclaman mayor transparencia y trazabilidad, la supresión del régimen de perfeccionamiento activo y, en el caso de Túnez, también la suspensión del contingente arancelario.

El diagnóstico termina mirando al eslabón productor. El sector pide reforzar la Ley de la Cadena Alimentaria, establecer costes medios objetivos para el aceite y contemplar compensaciones cuando no puedan alcanzarse los umbrales de rentabilidad.

Y plantea una cuestión de mayor recorrido como es un plan de reconversión con fondos públicos para modernizar las explotaciones donde sea posible y otro específico para proteger y diferenciar el olivar tradicional. Una petición que evidencia que las organizaciones agrarias no consideran la actual situación un problema coyuntural, sino una cuestión que afecta al propio modelo productivo.