El SAT se marcha "pacíficamente" de Cerro Libertad

Los jornaleros atrincherados en la finca deciden abandonarla tras recibir la orden judicial para su desalojo entre un fuerte dispositivo policial

A primeras horas de la mañana, los diez jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) que continuaban atrincherados en Cerro Libertad han comenzado a desalojar de "manera pacífica" la finca, en la que permanecían desde hace poco más de un año. El Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén hace de esta forma efectiva la orden judicial -aplazada en dos ocasiones- para que los sindicalistas abondonen el cortijo, de setenta y cuatro hectáreas, propiedad de una entidad financiera y ubicado a cuatro kilómetros de Jaén capital. Lo hacen entre un fuerte dispositivo de seguridad compuesto por la Guardia Civil y la Unidad de Intervención Policial. "No es normal que nos manden a 300 agentes para desalojar solo a diez personas. Es increíble", señala a este medio Curro Moreno, portavoz del SAT en Jaén.

Un total de 65 agentes de la Guardia Civil, según fuentes del instituto armado, han apoyado a la comitiva judicial encargada del desalojo, que finalmente se ha llevado a cabo de forma pacífica ya que las 12 personas que se encontraban en el lugar no han prestado ningún tipo de resistencia. Poco más de dos horas es lo que han tardado los ocupantes en recoger sus pertenencias y abandonar la propiedad, mientras que en el lugar una cuadrilla de albañiles se quedaba tapiando puertas y ventanas para evitar una nueva ocupación del cortijo.

La primera orden de desalojo estaba prevista para el 19 de marzo, pero fue aplazada por la Justicia para el 2 de abril. Tampoco se hizo efectiva hasta hoy por la mañama. El SAT tramitó el martes 27 de marzo el recurso de amparo al Tribunal Constitucional para tratar de frenar el desalojo de la finca El Aguardentero, rebautizada por el sindicato. Dicho recurso se basa textualmente, según Europa Press, “en la no aplicación de la Ley por parte de la Junta de Andalucía” a la finca que el SAT recupera desde hace un año “tras seis de abandono” por parte de la entidad BBVA. Además, la organización de trabajadores afirma que el Gobierno andaluz, “con la Ley en la mano, podría a expropiar la finca para que pase a cumplir una función social que ahora mismo no está cumpliendo”.