Imagen de los empresarios

No hace mucho, en una sobremesa, observé como una persona presumía sin pudor de haber escondido una malla de almejas en la bolsa del pescado para no pagarla, justificando su acto en que Amancio Ortega era un ladrón y ya ganaba mucho. Al margen del juicio moral que corresponda, confundir a Inditex con Mercadona es un claro síntoma de la ligereza con la que se forman en este país las opiniones en general y la de que los empresarios son unos ladrones en particular.

Sin embargo, al mismo tiempo vemos que no hay institución pública o privada con un cierto empaque que no promocione el emprendimiento. Se podría enumerar más de veinte entidades sólo en Álava que tienen un programa de ayudas, subvenciones, cursos, publicaciones o cualquier otro medio imaginable, con el objetivo de formar, promocionar o impulsar a emprendedores a conseguir su sueño.

Llama la atención el lenguaje: emprendedores y sueño, no empresarios y empresa. Utilizamos un eufemismo para hablar en esencia de lo mismo: sujetos que de un modo activo y directo influyen positivamente en el tejido económico de una sociedad pero entendiendo con total legitimidad al mismo tiempo que cabe detraer parte de la riqueza que generan estos últimos porque, sin duda, la han obtenido con malas artes.

Como todo en la vida, no hay una razón única que explique este fenómeno dispar de intentar promocionar pública y privadamente lo que la sociedad juzga perverso pero quiero resaltar una que sin duda incide, al menos en parte, y que resulta llamativa por su sujeto. Me refiero al poder político en el momento que justifica determinadas cargas tributarias.

No es la primera vez que el o la responsable de la Hacienda Pública correspondiente traslada las bondades de un tributo por cuanto va a producir una redistribución de la riqueza afectando sólo a los ricos, mientras señala al mismo tiempo que la actuación se llevará a cabo a pesar de la oposición de la representación de los perversos empresarios.

La redistribución de la riqueza está consagrada constitucionalmente en el artículo 40 de nuestra Carta Magna. Se trata de un principio rector de la política social y económica por el que los poderes públicos deben promover las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa. La primera impresión es que el principio es difícilmente cuestionable por lo que la Hacienda Pública está legitimada para actuar como lo hace a pesar de los insolidarios empresarios.

Sin embargo, la Constitución también recoge, y esta vez cómo derecho de los ciudadanos, la contribución al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

La igualdad y progresividad del sistema tributario, así como la interdicción de la confiscatoriedad deben actuar como límites del poder público en su configuración tributaria y esto es algo reiteradamente manifestado por el Tribunal Constitucional. Si a ello añadimos que la programación y ejecución del gasto público responderá a criterios de eficiencia y economía por exigirse así constitucionalmente vemos que esta película nos recuerda a las de indios y vaqueros de Hollywood.

Los indios siempre eran los malos pero, a nada que rascas un poco en la historia, te das cuenta que la película la cuentan los vencedores, y estos no tenían mucho de buenos. En la proyección de la mala imagen empresarial, el poder público juega un papel relevante ya que, siendo perfectamente consciente de su importancia en la economía del país, en el momento de que existe colisión de intereses por la financiación pública, se olvida de dicho rol y juega la carta redistributiva.

Ajustarse al mandato constitucional, esto es, fundamentar la acción pública en criterios de eficacia y economía, desterraría un elemento distorsionador en el debate social como es la redistribución como concepto absoluto sin límite alguno y contribuiría no solo a mejorar la imagen empresarial sino también la de la propia economía.

De este modo, cuando queramos referirnos a fomento empresarial, podremos hacerlo con total tranquilidad y dejarnos de eufemismos que quizás enriquezcan el lenguaje pero desde luego no ayudan a precisar el alcance de la promoción que se busca. ¿Seguirán “volando” almejas? No soy optimista al respecto pero al menos que no nos lo cuenten.