Causa abierta contra 12 investigados por las ayudas a Hamsa y Primayor

El juez concluye la instrucción y continúa el procedimiento contra doce investigados en la pieza del caso ERE por las ayudas de 19,9 millones a Hamsa y Primayor

El origen de la trama de los ERE nació en Jaén en 1999, de las ayudas que la Junta andaluza había aportado entre 1999 y 2000 a la empresa cárnica jiennense Hijos de Andrés Molina (Hamsa). Luego pasó a llamarse Campocarne y, finalmente, Primayor. Cárnicas Molina llegó a ser, en su momento, una de las principales empresas cárnicas andaluzas,​ llegando a contar con 1.100 trabajadores y un matadero de 1.600 cerdos al día. Contaba con una infraestructura de 50.000 metros cuadrados​ que hoy día está en estado ruinoso, junto al polígono industrial Nuevo Jaén.

Pasan los años y las decisiones judiciales siguen sucediéndose. El juez de Sevilla concluye la instrucción y continúa el procedimiento contra doce investigados en la pieza del caso ERE por las ayudas de 19,9 millones a Hijos de Andrés Molina S.A. (Hamsa) y su sucesora Primayor Alimentación Andalucía S.A. (integrada en el Grupo Campofrío).

En un auto fechado el día 16 de diciembre y notificado a yer a las partes personadas, el magistrado toma esta decisión “por si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos” de presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Entre los investigados en esta pieza separada del caso ERE se encuentran varios directivos de Hamsa y Primayor; representantes de los sindicatos CCOO y UGT, dos “intrusos”, un directivo de la mediadora Vitalia, un abogado, un presunto testaferro o el presidente del comité de empresa de Primayor.

De igual modo, el magistrado dirige el procedimiento, en calidad de responsables civiles subsidiarios, contra Primayor Alimentación Andalucía S.A., Primayor Foods S.L., Grupo Campofrío, Asociación para la Promoción Socio-laboral de los extrabajadores de Hamsa, Vitalia, UGT-A, UGT, Confederación Sindical de CCOO y un despacho de abogados.

El juez explica que no es posible depurar la posible responsabilidad penal ni continuar el procedimiento por su participación en estos hechos contra seis exaltos cargos de la Junta de Andalucía, pues “ya habrían sido encausados por la perpetración de aquellos en el procedimiento abreviado relativo a la ilicitud penal del denominado procedimiento específico instaurado para llevar a efecto la ilícita concesión de ayudas por parte de los responsables de la Junta”, siguiendo así el criterio “a tal efecto establecido” por la Sección Séptima de la Audiencia en distintos autos mediante los que confirmó “expresamente” la exclusión como investigados en esta causa de los citados exaltos cargos.

Asimismo, el instructor acuerda el sobreseimiento provisional respecto a un trabajador de Vitalia al considerar que no existen en la causa “indicios sólidos” que permitan atribuirle participación relevante penalmente en los hechos que se investigan, señalando que “es cierto que era el responsable de Vitalia en su oficina de Sevilla, si bien no hay constancia de que asumiera directamente la consultoría y gestión de las pólizas de seguro objeto de las actuaciones” en colaboración con el directivo de Vitalia encausado “en orden a la obtención, otorgamiento y pago -evidentemente ilícitos- de las ayudas” analizadas.

En el auto, el magistrado precisa que los hechos que se investigan en esta causa son los relativos a “la ilicitud de la concesión y pago de supuestas subvenciones y ayudas públicas facilitadas y abonadas” por la Dirección General de Trabajo de la Junta en favor de Hamsa, y de su asociación de trabajadores prejubilados, y su sucesora Primayor Alimentación Andalucía, según se detalla en los respectivos Informes de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y atestados e informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Así, y según afirma el juez, el importe de las “supuestas subvenciones graciosamente concedidas” por la Junta ascenderían, al menos, a la suma de 7.788.390,93 euros en el caso de las concedidas en favor de Hamsa, y a la suma aproximada de 12.178.479,02 euros en el caso de las otorgadas a Primayor.

El magistrado pone de manifiesto que los fondos públicos “fueron comprometidos y dispuestos bajo el supuesto y ficticio camuflaje de ayudas excepcionales sociolaborales individuales, cuando en puridad lo que se pretendía era allegar fondos para financiar el proceso de viabilidad y reestructuración de una sociedad mercantil de naturaleza privada, en el marco de sus propios ERE”. Se añaden “las injustificadas coberturas y condiciones de las pólizas, así como la discrecional selección de las compañías aseguradora y mediadora”.