La expropiación de la cantera de La Lancha se firma entre las protestas
@Esperanza44
La Plataforma por la Nueva Cultura del Agua alerta del riesgo para el acuífero mientras el Ayuntamiento recurrirá el procedimiento ante el TSJA
El acta del proceso de expropiación de la cantera de La Lancha ha quedado firmada en el Ayuntamiento de Jódar mientras cerca de medio millar de personas, según los convocantes, se concentraban en la plaza de España para exigir a la Junta de Andalucía que paralice la explotación.
El alcalde en funciones, Juan Ruiz, firmó "bajo protesta" el documento junto a funcionarios de la Administración autonómica. El Ayuntamiento es propietario de los terrenos y había rechazado prorrogar la actividad de una cantera explotada desde finales de los años 80 y cuya anterior concesión concluyó en 2025.
La Plataforma por la Nueva Cultura del Agua cuestiona el procedimiento y señala, entre otras cuestiones, la ausencia de un informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la afección a una especie protegida y la falta de medidas de adaptación que atribuye al Instituto Geológico y Minero. La Junta sostiene, según lo trasladado durante el procedimiento, que no existen las irregularidades denunciadas.
El principal temor del colectivo está en el acuífero de La Serrezuela, del que se abastece Jódar y que también afecta al vecino municipio de Bedmar. La plataforma advierte además de las posibles consecuencias de las partículas de polvo para la salud y de la cercanía de la explotación a zonas habitadas.
La oposición a la cantera ha unido a las distintas formaciones de Jódar en un pacto local y el Ayuntamiento ha contratado un gabinete jurídico para recurrir el procedimiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
El conflicto también ha llegado al Parlamento andaluz. El PSOE ha registrado una pregunta para pedir explicaciones al Gobierno autonómico sobre la ampliación de La Lancha y reclama la paralización del procedimiento. Los socialistas sostienen, basándose en informes técnicos, que la explotación podría afectar al abastecimiento de unas 14.000 personas.
La concesión está planteada por 30 años, prorrogables hasta un máximo de 90. La Plataforma reclama que se aplique el principio de precaución y se impida la reanudación de la actividad.
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