Expropiados por la dictadura

Familias de la Sierra de Segura buscan la restitución de las viviendas expropiadas durante la dictadura

La memoria histórica es un asunto controvertido en los despachos políticos. Se debate hasta el infinito de la delgada línea que separa el olvido histórico con la compensación por el dolor. La Guerra Civil, y la posterior dictadura, colean hasta hoy en día como esa espina que se queda clavada; como un problema sin resolver.

Restituir esta situación es lo que buscan afectados, hijos y nietos de aquellos vecinos de la Sierra de Segura que, por los años 60, se vieron desposeídos de sus casas. Entre 1960 y 1980, unas 2.000 personas tuvieron que dejar sus viviendas en alguna de las 50 aldeas diseminadas por Santiago-Pontones. Los expropiaron sin muchas explicaciones y ahora quieren recuperar lo que consideran legítimamente suyo.

A primeros de diciembre, LaContracrónica ya avanzó, en las redes sociales, la reunión inicial para poder materializar un proceso jurídico que promete ser largo y tedioso. Desde entonces, la magia de la red ha conectado a otros hijos de la Sierra que viven en la diáspora pero que se sienten en la misma tesitura. De Barcelona, por ejemplo, les consultan para sumarse a esta causa que están convencidos que ganarán.

Pero, ¿cómo se llegó a esta situación? ¿Qué deben hacer para lograr la restitución de las aldeas expropiadas durante la dictadura? Si se resume en pocas palabras, les quitaron sus casas y tierras de cultivo para la construcción del coto de caza. Pero el trasfondo es mucho más profundo.

HISTORIA TRAS LA DICTADURA

El 10 de marzo de 1941 se publicó la Ley del Patrimonio Forestal del Estado. La norma buscaba reforzar la autoridad del Estado en la toma de decisiones en materia forestal. Era ahí cuando se empezaba a hablar de las comarcas “de interés forestal”. La decisión se tomaba por acuerdo del Consejo de Ministros, como fue el caso de la Sierra de Segura. En ese documento se establecía que los propietarios de las viviendas debían someterse a los planes de repoblación, en régimen de consorcio. Si no se aceptaba, el Ministerio de Agricultura, simplemente, les exigía la entrega de las fincas.

No hay que olvidar que la situación social y económica en Pontones por aquella época era “alarmante”. En 1946, el alcalde dirigió al Gobernador Civil una carta para pedir ayuda contra el desempleo en la localidad. Se quejó de la caótica situación en la que había quedado el municipio por la política forestal. Así lo relata Ignacio Martínez en su libro “Segurología”.

A partir de la década de los 50, se desarrolla una política activa de deslindes. Se le suma, además, la ley sobre repoblación forestal de las cuencas alimentadoras de pantanos. Implicaba la eliminación de los cultivos agrícolas que se encontraban en la cuenca del Tranco de Beas.

La gota que colmó el vaso fue la creación de Coto Nacional Nacional de Caza de Cazorla-Segura, allá por los años 60. Supuso el cambio de uso de una amplia extensión de terreno. Por ende, conllevó la expropiación de una buena parte. Y todos estos espacios, afectados por una u otra normativa, son los que, ahora, se busca restituir por esta plataforma.

Para poder lograr la restitución, lo primero es acreditar la condición de interesado o de heredero en su momento. Se hace mediante el estamento o la declaración de herederos. Con el expediente de expropiación en la mano, redactarán un informe pericial de la situación actual de las fincas. Será el paso previo para la reclamación en vía administrativa.