La anulación del contrato con FCC puede costar 19 millones de euros

El sindicato CC OO alerta de la posible intención de dividir por lotes el servicio de limpieza de la capital y pide que se recurra la sentencia del TSJA

El alcalde de Jaén, Julio Millán, se reunió la semana pasada, por segunda vez, con el presidente del Comité de Empresa de FCC, Francisco Javier Molina, y el secretario de este órgano, Antonio Escalona. Analizaron la situación generada por la sentencia que anula los pliegos de los servicios de limpieza viaria, zonas verdes y recogida de basura firmados en 2017. Millán ha trasladado un mensaje de tranquilidad al máximo responsable de los casi 300 trabajadores que tiene esta prestación en la ciudad.

"Nos hemos encontrado con una situación muy complicada, sobrevenida por una mala gestión política del anterior Gobierno que lamentablemente ha generado mucha incertidumbre en los trabajadores", confiesa el regidor jiennense. Los esfuerzos se encaminan a minimizar, en la medida de lo posible, el impacto y las consecuencias de esta situación. Y es que esta anulación puede conllevar 19 millones de euros (11 por la rescisión del contrato y 8 por la maquinaria adquirida por la empresa) a las arcas municipales.

Por su parte, el responsable del Comité de Empresa, Francisco Javier Molina, ha agradecido la comunicación constante que el regidor está teniendo. "Nos ha tranquilizado también que nos digan que trabajan en la medida de lo posible para intentar no separar servicios, con lo que se evitaría una posible pérdida de empleo", indica. Los responsables de los trabajadores estuvieron acompañados por Hilario Gómez, coordinador general de USO, y Carmen García, responsable de Acción Sindical.

Los representantes se han reunido, también, con el grupo municipal de Vox. "En este tema, la pelota está en el tejado del Equipo de Gobierno, los servicios jurídicos y técnicos municipales recorrerán la senda que les tracen los políticos”, ha afirmado Salud Anguita, quien ha celebrado que "el alcalde haya anunciado a los trabajadores que les irá informando cada 15 días de la situación". No sin antes, lamentar que el resto de grupos municipales no tengan información directa de lo que está ocurriendo.

Por su parte, desde CC OO se solicita que el Ayuntamiento recurra en casación ante el Tribunal Supremo (TS) la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), como medida para "ganar tiempo". "Esta sentencia requiere de un análisis, de un estudio y creemos que la mejor opción es interponer un recurso para ganar tiempo", defendió su secretario general en Jaén, Francisco Cantero, tras la protesta protagonizada ayer a las puertas del Consistorio. 

"Se trata de una decisión que no ha sido meditada ni estudiada, también precipitada cuando lo que se requiere es un análisis pausado de lo que se pretende hacer con el mayor servicio y contrato público de la ciudad con una empresa privada. Una maniobra del gobierno local obviando la opinión de la plantilla y actuando de manera unilateral", asegura. Y es que considera que detrás puede haber la posibilidad de dividor el contrato en lotes y facilitar que otras empresas pueda optar a la recogida de residuos urbanos. Un ejemplo, Resurja.

Sin embargo, el pasado 10 de diciembre el Ayuntamiento de Jaén ya confirmó que "acata" la sentencia. El contrato fue impulsado en 2017 por el equipo de Gobierno que lideraba Javier Márquez. El auto da la razón al recurso que interpuso Jaén en Común —ahora Jaén, Sentido y Común— para denunciar la ilegalidad del contrato.