Golpe en la línea de flotación del Partido Popular

La citación judicial de Fernández de Moya y de Rosa Cárdenas abre un nuevo frente en un Partido Popular ya debilitado por la salida del sector crítico. Las reacciones no se han hecho esperar

La citación judicial del secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, y de la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Jaén, Rosa Cárdenas, supone un golpe en la línea de flotación del Partido Popular cuando aún no ha suturado las heridas de la salida del sector crítico. La noticia desvelada por Radio Jaén Cadena Ser ha generado un tsunami de consencuencias imprevisibles a falta solo de un año de las elecciones municipales. A José Enrique Fernández de Moya se le acusa de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad por pagos de dinero público durante su etapa como alcalde de la ciudad de Jaén. Además de Fernández de Moya, actual 'número 2' de Cristóbal Montoro en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, están investigadas cuatro personas, entre ellas la actual teniente de alcalde de Jaén, Rosa Cárdenas (PP). Todas ellas han sido citadas para declarar el próximo 5 de junio.

La Cadena Ser ha tenido acceso a la providencia del Juzgado de Instrucción número 2 de la capital jiennense y fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han confirmado a RTVE.es varios aspectos de la investigación judicial. Esta se inició a raíz de una querella presentada por el grupo municipal del PSOE y fue incoada en diciembre de 2017 en el citado juzgado. Durante la investigación se ha recabado documentación del ayuntamiento de Jaén, de la Agencia Tributaria y un informe de la Unidad de Delitos Económicos de la Guardia Civil. Los hechos investigados se refieren a decisiones tomadas por Fernández de Moya cuando era alcalde, entre junio de 2011 y noviembre de 2015. Presuntamente ordenó varios pagos a la empresa Matinsreg, encargada del mantenimiento de las fuentes ornamentales de la ciudad, en contra de los informes del interventor municipal. La investigación apunta también a que se facturaron de forma falsa gran cantidad de horas de trabajo no realizadas, de imposible ejecución con el personal de la empresa, lo que supuso un coste para el ayuntamiento superior a los 3,6 millones de euros.

RIADA DE REACCIONES

Puestos en atecendentes, como es lógico, las reacciones no se ha hecho esperar. Unas han llegado más pronto que otras. La última, la de su propio partido en la provincia, que lideró como mano de hierro hasta hace poco más de un año, en el que fue sustituido por el alcalde de Santisteban del Puerto, Juan Diego Requena, en la mayor crisis que se recuerda en las filas populares, con la mitad del partido fracturado. La calle San Clemente ha emitido un comunicado en el que manifiesta su "profundo respeto a la actuación de la Justicia y, en consecuencia a las decisiones judiciales, recordando que, tal y como ha manifestado hoy el propio señor Fernández de Moya, aún no ha recibido la mencionada citación judicial". Asimismo, recuerda que el "PSOE ya interpuso una demanda idéntica en febrero de 2014, cuyas diligencias terminaron siendo archivadas en el mes de abril de ese mismo año por el Ministerio Fiscal, mediante decreto en el que queda meridianamente claro que el entonces alcalde de Jaén había actuado siempre amparado en la legalidad y siguiendo los procedimientos reglados, atendiendo en todo momento las indicaciones de los servicios jurídicos municipales", expone.

Así, expresa su total confianza en la Justicia. "Estamos convencidos -continúa la nota- de que quedará demostrado, tal y como ya ocurrió en 2014, que el procedimiento en cuestión se ajustó a la legalidad. Apelamos en este sentido a que los medios de comunicación tengan en cuenta los informes del secretario general del Ayuntamiento y de alegaciones del letrado del Ayuntamiento, en los que queda 'perfectamente explicado' cómo se procedió y la legalidad del citado procedimiento", subraya. En este punto, insiste en que el Partido Popular de Jaén confía "plenamente" y "respalda" la gestión que José Enrique Fernández de Moya realizó como alcalde de la ciudad de Jaén, "significando que actuó siempre en estricto cumplimiento de la legalidad y que además veló por el interés general, en un momento difícil para el Ayuntamiento y para los jiennenses que iban a quedarse sin la prestación de un servicio público esencial", recalca, antes de lamentar que "otras fuerzas políticas pretendan utilizar una causa, archivada en el pasado, para intentar desgastar la figura de una persona honesta, íntegra y de conducta intachable como es José Enrique Fernández de Moya", concluye.

EL PSOE, "MÁXIMO RESPETO" A LA JUSTICIA

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha expresado su "máximo respeto" a la justicia ante la citación como investigado del exalcalde de la capital y actual secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, si bien ha señalado que en el auto se relatan hechos que serían "tremendos" con respecto a posibles pagos "inflados" a Matinsreg. Así lo ha indicado este martes a preguntas de los periodistas sobre esta causa abierta por la querella interpuesta por el grupo municipal socialista a finales de 2017 ante las irregularidades que, en su opinión, se han dado con la citada empresa, a la que supuestamente se le había adjudicado a dedo el servicio de las fuentes ornamentales en la ciudad en 2012.

"También en esto no todos los partidos somos iguales: los socialistas de Jaén hemos querido dejar trabajar a la justicia y, de hecho, la denuncia se puso hace cinco meses y no hemos dicho absolutamente nada. En este momento, máximo respeto a la justicia y al procedimiento judicial abierto", ha destacado. En este sentido, ha precisado que la citación como investigados de Fernández de Moya y otras tres personas más -la actual teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Jaén Rosa Cárdenas-, un técnico municipal y un representante de la Matinsreg- se produce "en fase de diligencias previas". Eso sí, el dirigente socialista ha apuntado que "los presuntos delitos que el juez está investigando son extremadamente graves: prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias".

COMPARECENCIA EN EL CONGRESO

En el Pleno del Congreso, tanto el PSOE como Unidos Podemos han manifestado que la citación como investigado del secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, cuestiona la propia credibilidad del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018. Así, tanto la portavoz fiscal del PSOE, Patricia Blanquer, como su homólogo en Unidos Podemos, Alberto Garzón, han echado en cara al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, que su ‘número dos’ haya sido llamado a declarar en calidad de investigado por presuntos delitos de prevaricación administrativa continuada, falsedad documental, malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias.

Aunque en la sesión plenaria no ha mencionado este caso, Ciudadanos sí ha registrado una petición de comparecencia ante la Comisión de Hacienda para que Fernández de Moya explique “su vinculación con los delitos de malversación, prevaricación, cohecho, falsedad documental y tráfico de influencias por facturas falsas cargadas al Ayuntamiento de Jaén“.