Guerra total por Otíñar entre el Ayuntamiento y la propiedad

La propietaria de la Hacienda Santa Cristina planteará una querella criminal contra los servicios técnicos municipales tras el anuncio del Ayuntamiento de derribar la puerta

La guerra es total entre el Ayuntamiento de Jaén y la Hacienda Santa Cristina. Rosario Anguita, propietaria de la Hacienda Santa Cristina, confirma a Lacontradejaén que planteará una querella criminal contra los servicios técnicos municipales. Es la reacción al anuncio del Ayuntamiento de reabrir el camino de Otíñar con el derribo de la puerta. El equipo de Gobierno sostiene que la Justicia ya ha certificado su "titularidad pública".

La titularidad del camino sigue siendo el quid de la cuestión, puesto que la propiedad asegura que "es falso" que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo haya dictado sentencia. "Esa competencia atañe a lo Civil, que es la encargada de dilucidar en asuntos de propiedad. A día de hoy, el camino sigue siendo particular hasta que un Tribunal Civil diga lo contrario", manifiesta Anguita.

El último pleno del Ayuntamiento, celebrado esta semana, dio vio libre a la ejecución subsidiaria de las obras de demolición de la cancela que impide el paso en el camino de Otíñar, concretamente el tramo comprendido entre la carretera JH-2271, cuya titularidad es la de Diputación Provincial, y la aldea de Santa Cristina.

"Con esta autorización, el Ayuntamiento podrá dejar el paso expedito y cumplirá con la sentencia de los juzgados de lo Contencioso-Administrativo que da la razón al procedimiento abierto por la Administración local, a raíz de un recurso de los titulares de la finca, que confirman la titularidad municipal del Camino de Campillo de Arenas", expone el equipo de Gobierno.

La segunda teniente de alcalde, África Colomo, recuerda que la Corporación Municipal ya dio luz verde a la recuperación de oficio de la vía en enero de 2021. "Entonces la propiedad de la finca se opuso y recurrió al Juzgado. Tras dar la razón los tribunales a la Administración local, será ésta la que derribe el obstáculo y reclame los gastos a los propietarios", expone la edil.

LAS PRUEBAS DOCUMENTALES

No ha sentado nada bien a la propiedad el anuncio del Ayuntamiento, que sostiene que los primeros testimonios datan de 1874 y la ordenanza reguladora de caminos municipales, de 2016.

"He intentando agotar las vías administrativas y contencioso-administrativas hasta este momento en el que el Consistorio ataca directamente con la retirada de la puerta a un camino que a día de hoy pertenece a la finca de la que soy titular y así consta en el Registro de la Propiedad", asegura Rosario Anguita, quien defiende que no se ha aportado "una sola prueba documental" en la que aparezca la palabra "ayuntamiento o similar". "Todos los documentos son públicos y estoy dispuesta a facilitarlos a quien lo pida", añade.

Anguita carga contra el trabajo de los servicios técnicos municipales: "No han tenido ningún problema en llegar a inventarse el contenido de documentos públicos e incluso otros aportados por ellos mismos".

La propietaria argumenta que hay un trasfondo político en la cuestión y señala que hasta 2015 "nadie" había denunciado o puesto en cuestión la titularidad de los caminos de las fincas que componen la zona de Otíñar. "Fue en ese año cuando a raíz de las elecciones municipales surgió el asunto de recuperar unos caminos municipales supuestamente usurpados", dice. Y añade: "Todo bajo el impulso de una plataforma con claros apoyos políticos de los dos únicos partidos que en el pasado pleno del pasado martes votaron a favor de la retirada de la puerta".

El Ayuntamiento reivindica que la acción municipal está sustentada en la normativa andaluza y otros hechos, como que el pleno municipal nombró hace 100 años un peón caminero para encargarse del mantenimiento del camino.

La edil recuerda que, con la puesta en marcha de la carretera hacia el pantano del Quiebrajano, este camino dejó de tener un uso intensivo por parte de los vecinos y vecinas de la ciudad, circunstancia que fue progresivamente aprovechada por los propietarios de la finca cercana para cerrar el camino.