Macrocausa judicial contra las plantas fotovoltaicas en terrenos cultivables

La primera acción consistirá en un estudio exhaustivo de los proyectos fotovoltaicos en el término municipal de Lopera y su entorno

La plataforma ciudadana SOS Rural y la asociación Ecología y Libertad anunciarán, la semana que viene, el inicio de una macrocausa judicial "sin precedentes" contra la que consideran una "proliferación" de instalaciones fotovoltaicas sobre suelos de alto valor agrícola. Un anuncio que se sigue de cerca desde la provincia de Jaén, donde la tala de olivos centenarios en la zona de Lopera ha despertado una oleada de protestas y recogidas de firmas.

La acción legal conjunta es calificada por sus impulsoras como una "alianza histórica para la defensa del campo español". El objetivo es frenar lo que califican como un "modelo especulativo y desordenado de expansión de plantas solares en zonas rurales" que, como denuncian, está "degradando paisajes emblemáticos y afectando gravemente a la biodiversidad y a la economía agrícola local".

Su primera acción consistirá en un estudio exhaustivo de los proyectos fotovoltaicos en el término municipal de Lopera y su entorno, donde esperan emprender acciones judiciales para frenar la tala de olivos altamente productivos.

En Lopera, y en la zona de la Campiña, la polémica por la tala de olivos centenarios ha encendido todas las alarmas. En esta localidad, los proyectos fotovoltaicos han provocado una fuerte contestación social por la destrucción de parte del olivar tradicional andaluz, símbolo no solo de una forma de vida, sino de un patrimonio natural e histórico.

Tal y como anunció Natalia Corbalán, portavoz de SOS Rural, ya se han recopilado más de 122.000 firmas contra la tala en Jaén. SOS Rural insta a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente a aprobar el “Plan Especial para la ordenación de actuaciones vinculadas a la generación de energía solar fotovoltaica en el T.M. de Lopera”, presentado el pasado 22 de abril. Este plan, que permitiría suspender temporalmente nuevas licencias para parques solares, tiene como plazo de respuesta, precisamente, el 22 de julio, cuando se hará la rueda de prensa en Madrid.

Asimismo, la plataforma exige no otorgar la Autorización Ambiental Unificada (AAU) para un cuarto proyecto fotovoltaico en la zona, destacando impactos ambientales como la amenaza al hábitat del Alzacola rojizo, una especie protegida. La organización también critica el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y la Ley 7/2021 (LISTA), que permiten el uso de suelos rústicos para energías renovables sin priorizar terrenos degradados. Manuel Fernández, abogado de la Asociación Ecología y Libertad, señala que estas normativas ignoran las sensibilidades ecológicas y contravienen principios de precaución y cohesión territorial.