Investigado por la venta ilegal de ortiguillas a un restaurante de la capital

Intervenidos más de 600 kilos de productos sin control sanitario en una operación que destapa la comercialización fraudulenta de ortiguillas valoradas en 8.500 euros

La Guardia Civil investiga a un hombre de 61 años, responsable de una empresa mayorista de productos pesqueros con sede en la provincia de Sevilla, como presunto autor de los delitos de falsedad documental y contra la salud pública, tras detectar la venta ilegal de 85 kilos de ortiguilla, valoradas en aproximadamente 8.500 euros.

La actuación, en el marco de la operación “Sado Anemonia”, ha sido realizada por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de Jaén, con el apoyo de inspectores de la Delegación de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.

La investigación se inició tras la denuncia de un ciudadano que detectó irregularidades en el etiquetado de ortiguillas servidas en un restaurante de Jaén capital. A raíz de esta denuncia, se inspeccionó el establecimiento y se revisó la documentación sobre el origen del producto, cuya extracción está estrictamente regulada y prohibida en determinadas zonas del litoral andaluz desde 2023, debido al estado crítico de sus poblaciones.

Las pesquisas permitieron rastrear el origen de las anémonas hasta una empresa mayorista sevillana. Durante la inspección y análisis de la documentación, los agentes detectaron facturas y albaranes falsificados, en los que se indicaban capturas supuestamente legales procedentes de aguas portuguesas. Sin embargo, en colaboración con las autoridades lusas, se comprobó que dichas capturas no se habían realizado en las fechas reflejadas.

Se ha podido determinar que 85 kilogramos de ortiguillas han sido comercializados fraudulentamente, con un valor aproximado en el mercado de 8.500 euros.

Además, durante la operación se intervinieron 626 kilogramos de productos pesqueros sin etiquetado o con la fecha de caducidad vencida, sin posibilidad de garantizar su trazabilidad. Estos productos fueron declarados no aptos para el consumo humano y destruidos conforme a la normativa vigente.

La Guardia Civil ha remitido las correspondientes denuncias por infracciones administrativas relacionadas con la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, así como por vulneraciones en materia de defensa del consumidor y producción agroalimentaria.