Polémica en Arjona por la sanción a unas obras en zona protegida

Los trabajos en el Paseo General Muñoz Cobo han derivado en una multa reducida tras el reconocimiento de los hechos, mientras los socialistas hablan de "discrepancia técnica"

La Delegación de Cultura ha sancionado al Ayuntamiento de Arjona tras detectar la ejecución de obras en el Paseo General Muñoz Cobo sin cumplir la normativa de protección del patrimonio histórico. Esto ha provocado un intenso enfrentamiento político entre Partido Popular y PSOE.

Según confirman fuentes de la administración autonómica a Europa Press, los trabajos incluyeron movimientos de tierra sin la autorización preceptiva en una zona con nivel de protección grado A, al tratarse de un área de reserva arqueológica y entorno de un Bien de Interés Cultural. Por estos hechos, se ha aplicado la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía.

Se estableció inicialmente una sanción de 3.000 euros que, tras el reconocimiento de los hechos por parte del Consistorio, ha quedado finalmente fijada en 1.800 euros.

A raíz de esta situación, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Arjona, Bonoso Sánchez, ha acusado al equipo de gobierno socialista de actuar "con un grave desprecio a la ley". El dirigente popular sostiene que las obras se llevaron a cabo sin solicitar los permisos necesarios ni realizar una intervención arqueológica previa, pese a tratarse de un entorno especialmente protegido.

Además, critica que el gobierno municipal informara en pleno de que se trataba de una actuación ordinaria “con todo en regla”, lo que, a su juicio, evidencia falta de transparencia. Sánchez añade que una actuación inicialmente prevista como cambio de solería derivó en excavaciones con zanjas de gran profundidad, lo que considera “un atentado al patrimonio”.

Por su parte, el PSOE de Arjona, liderado por el alcalde Juan Latorre, ha reconocido la existencia de la sanción, aunque rebaja su cuantía a 1.200 euros y niega que se haya producido una irregularidad grave. Los socialistas atribuyen la situación a una "discrepancia de criterio técnico" entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía en el marco de una obra que, subrayan, aún no ha finalizado.

En este sentido, defienden que no ha existido negligencia ni incumplimiento de la normativa y acusan al PP de "exagerar y distorsionar" la información con fines políticos. La polémica ha derivado también en un cruce de reproches sobre la gestión pública, ya que desde el PSOE se ha señalado a la Junta por la paralización de diversos proyectos en el municipio, mientras que los populares insisten en que lo relevante es que, según su versión, el equipo de gobierno actuó al margen de la legislación de protección del patrimonio histórico.