Multas a aceiteras por incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria

Una de las grandes reivindicaciones de las organizaciones agrarias es que se controle el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria

La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) ha hecho público el listado de empresas sancionadas en el último trimestre por vulneración de la Ley de la Cadena Alimentaria (Ley 12/2013 de 2 de agosto). En la lista hay dos empresas aceiteras.

En total, se han contabilizado sanciones a 30 empresas agroalimentarias por infracciones de determinados preceptos de la Ley de la Cadena Alimentaria que suman en total unos 407.410,29 euros.

Entre las sancionadas hay firmas conocidas como es el caso de Aceites del Sur-Coosur, multada con 3.001 euros por incumplir plazos de pago.

También se sanciona a Dcoop con 3.001 euros. En este caso, por no incorporar en el contrato alimentario el precio recogido en el artículo precio 9.1.c de la normativa.

LEY DE LA CADENA ALIMENTARIA

El pleno del Congreso dio luz verde en diciembre de 2021 a la nueva Ley de la Cadena Alimentaria, después de pronunciarse sobre las enmiendas que había introducido el Senado. Una de las claves de la modificación normativa es que se prohíbe la venta a pérdidas. Por lo tanto, se debe pagar un precio igual o superior al coste de producción. Impide la enajenación final a un precio inferior al precio real de adquisición, extendido a todos los eslabones de la cadena.

Por otro lado, en la tramitación parlamentaria se habilita al Observatorio de la Cadena a elaborar, publicar y actualizar periódicamente índices de precios y de costes de producción. Otra de las novedades es el ámbito de aplicación de la nueva normativa, que abarca toda la cadena alimentaria, desde la producción a la distribución, pero también cuando uno de ellos esté en un estado miembro y no resulte de aplicación otra legislación. Incluye, pues, al canal Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías).

La ley promueve la creación de un registro digital en el que inscribir los contratos alimentarios que se suscriban con los productores primarios y sus agrupaciones, así como sus modificaciones. De esta manera, cualquier acuerdo superior a mil euros debe quedar inscrito.