Sanciones a empresas aceiteras por incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria

La Agencia de Información y Control Alimentario interpuso 40 sanciones en 2023 y en lo que va de 2024 han sido 2, por valor de 9.800 euros

Una de las grandes reivindicaciones de las organizaciones agrarias en las movilizaciones que han llevado a cabo en los últimos meses es que se controle el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria. La Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) es la que se encarga de velar que no se vulneren sus preceptos y el año pasado impuso un total de 382 sanciones a operadores.

Esta cifra supuso un aumento del 40,4% en comparación con el año precedente. Casi la mitad de ellas -un 48%- correspondieron a infracciones por incumplimiento de plazos de pago, sobre todo, en el eslabón mayorista. ¿Cuántas afectan al sector olivarero? Por sectores, el que registró más infracciones con sanción fue el de frutas y hortalizas, que acaparó 165. En segundo lugar está el vitivinícola, con 96. La tercera posición la ocupa el de aceite de oliva, con 40 sanciones a lo largo de 2023. Le siguen bovino (37), aceituna de mesa (19) y lácteo (17).

A estas sanciones hay que sumar las aprobadas por los organismos autonómicos que también tienen competencias en el control y vigilancia del cumplimiento de la Ley de la cadena alimentaria. El año pasado impusieron 167, un 33,6% más que en 2022. Estas últimas han recaído principalmente en empresas del eslabón de la industria alimentaria.

Según los datos consultados por este periódico, en el primer trimestre de 2024 se han impuesto dos sanciones más por valor de 9.800 euros. Las firmas son Aceites Rosan, con una multa que asciende a 8.000 euros. Concretamente, por "realizar modificaciones del precio incluido en el contrato que no estén expresamente pactadas por las partes". La otra es Aceites Condado-Loma. La sanción es de 1.800,60 euros por "incumplimiento de los plazos de pago".

LEY DE LA CADENA ALIMENTARIA

El pleno del Congreso dio luz verde en diciembre de 2021 a la nueva Ley de la Cadena Alimentaria, después de pronunciarse sobre las enmiendas que había introducido el Senado. Una de las claves de la modificación normativa es que se prohíbe la venta a pérdidas. Por lo tanto, se deberá pagar un precio igual o superior al coste de producción. Impide la enajenación final a un precio inferior al precio real de adquisición, extendido a todos los eslabones de la cadena.

Por otro lado, en la tramitación parlamentaria se habilita al Observatorio de la Cadena a elaborar, publicar y actualizar periódicamente índices de precios y de costes de producción. Otra de las novedades es el ámbito de aplicación de la nueva normativa, que abarca toda la cadena alimentaria, desde la producción a la distribución, pero también cuando uno de ellos esté en un estado miembro y no resulte de aplicación otra legislación. Incluye, pues, al canal Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías).

La ley promueve la creación de un registro digital en el que inscribir los contratos alimentarios que se suscriban con los productores primarios y sus agrupaciones, así como sus modificaciones. De esta manera, cualquier acuerdo superior a mil euros debe quedar inscrito.