JeC quiere debatir el expediente sancionador a Castillo

La formación morada solicita que se informe y se debata el contenido del oficio emitido por la Jefatura Provincial de Tráfico de Jaén

El grupo municipal de Jaén en Común (JeC) vuelve a la carga contra Autobuses Castillo. En esta ocasión, pide una reunión extraordinaria de la comisión informativa municipal de Transparencia, Control y Fiscalización de Empresas Concesionarias para debatir sobre el expediente sancionador a la empresa de los autobuses urbanos Herederos de José Castillo S. L., que se acordó por unanimidad en el pleno celebrado el pasado 17 de noviembre.

El portavoz de JeC, Manuel Montejo, ha solicitado que se informe y se debata el contenido del oficio emitido por la Jefatura Provincial de Tráfico de Jaén, con fecha 8 de noviembre de 2017, y en el que se concluye que "...los vehículos del servicio de transporte urbano de Jaén están circulando incumpliendo las condiciones técnicas reglamentariamente establecidas, constituyendo la permanencia de los tornos de control de acceso una infracción administrativa grave..."

JeC recuerda en un comunicado que se podría estar ante un incumplimiento del Reglamento Local del Servicio Público de Transporte Colectivo Urbano de Viajeros que obliga a la empresa a mantener los vehículos en perfecto estado técnico -preferentemente en aquellos elementos que puedan afectar a la seguridad y al medio ambiente-, y a cumplir las características técnicas y constructivas que establezca la Normativa Europea Vigente, disponiendo éstos de la correspondiente homologación.

Igualmente, la solicitud de JeC hace referencia a que el contrato vigente establece que el concertante se compromete a tener en las debidas condiciones para su funcionamiento los autobuses que presten el servicio. "Por tanto, existen motivos más que suficientes para estudiar tanto las personas presuntamente responsables como los hechos que pudieran constituir la infracción administrativa, como establece la legislación", ha indicado Montejo.

Ha añadido que "es la Fiscalía quien debe delimitar la responsabilidad penal pero el Ayuntamiento no puede ignorar la responsabilidad sobre un servicio público del que es titular". De esta forma, desde JeC se espera que el equipo de gobierno "demuestre la voluntad de controlar y fiscalizar a la empresa concertante, tal y como aseguraron en el último pleno, y el Ayuntamiento cumpla con su obligación" porque "no se puede permitir que una empresa sea capaz de incumplir la ley por su propio beneficio mientras el Ayuntamiento mira para otro lado".