La Junta se personará en la pieza de los ERE sobre Cárnicas Molina

Nueva pieza separada del caso ERE contra 10 exaltos cargos de la Junta y otras cinco personas por un préstamo concedido en 1999 a Hijos de Andrés Molina

Lo anunció ayer, en Córdoba, horas antes de llegar a la tierra dónde nace buena parte del entramado de los ERE. El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha anunciado que el Gobierno autonómico se personará en la nueva pieza judicial vinculada a los ERE que hace referencia a un préstamo a la empresa cárnica jiennense Hijos de Andrés Molina.

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE), dictó, esta semana, dos autos en los que, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, acuerda incoar procedimiento de diligencias previas contra un total de 15 personas. Entre ellos, están diez exaltos cargos de la Junta de Andalucía como el expresidente Manuel Chaves y cinco exconsejeros, entre ellos Gaspar Zarrías. Son investigados por el préstamo “puente” de 5.829.817 euros concedido a la mercantil Campocarne Andalucía -anteriormente conocida como Hijos de Andrés Molina (Hamsa)- por el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y aprobado en virtud de acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de fecha 9 de noviembre de 1999.

El también consejero de Regeneración, Justicia y Administración Local recordó ayer, en Córdoba, que fue nuevo Gobierno andaluz de PP y Cs el que puso “en conocimiento de la Fiscalía” este préstamo, del que tuvo conocimiento “un día después” de que se formara el gobierno. 

Conviene recordar que el origen de la trama de los ERE nació en Jaén, precisamente de las ayudas que la Junta andaluza había aportado entre 1999 y 2000 a la empresa cárnica jiennense Hijos de Andrés Molina (Hamsa). Luego pasó a llamarse Campocarne y, finalmente, Primayor. Cárnicas Molina llegó a ser, en su momento, una de las principales empresas cárnicas andaluzas,​ llegando a contar con 1.100 trabajadores y un matadero de 1.600 cerdos al día. Contaba con una infraestructura de 50.000 metros cuadrados​ que hoy día está en estado ruinoso, junto al polígono industrial Nuevo Jaén.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha solicitado a los Servicios Jurídicos de la Junta que estudie la aplicación de los mecanismos que se contienen en el texto refundido de la Ley General de Hacienda Pública, relativos al título IV de las Responsabilidades, para conocer si se pueden pedir responsabilidades. Esta medida se adopta tras el conocimiento de la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla relativa a la conocida como pieza política del caso ERE.

En el ámbito del derecho administrativo, hay 218 expedientes de revisión de oficio. De ellos, 91 se han discutido en el seno de la jurisdicción contencioso-administrativa. Hay 28 sentencias que son favorables a la Administración por 18 millones de euros, y 20 expedientes en espera de sentencia, que suponen una cantidad global de 13,7 millones.

A su vez, hay 96 expedientes finalizados mediante una orden o resolución de la Consejería de Empleo declarando la nulidad de las ayudas y la devolución de las sumas, sin que hayan sido recurridas, y que suman un importe de 36,1 millones de euros. Hay 18 expedientes de resolución que, o bien por el informe del gabinete jurídico o por el dictamen del Consejo Consultivo, declaran la no procedencia del oficio (suman 35,5 millones de euros). Seis expedientes están en revisión de oficio (por 5,7 millones de euros).

El importe total efectivamente reintegrado en virtud de los expedientes que se han revisado de oficio es de 15 millones de euros. Frente a ello, se ha declarado insolvencia del obligado al reintegro por importe de 25,3 millones de euros.