La medidas de Hacienda tendrán una incidencia directa de 12 millones

El pleno del Ayuntamiento de Jaén da cuenta de la liquidación del presupuesto de 2024, entre otros puntos

El pleno del Ayuntamiento de Jaén ha dado luz verde a la adhesión a las medidas facilitadas por el Gobierno de España y que aprobaba el Ministerio de Hacienda hace unos días en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Entre ellas, el consistorio ha solicitado una ampliación del plazo de devolución de la deuda para que puedan pagarla más fácilmente con una ampliación de plazos de 10 años.

Así lo ha anunciado el concejal del área Económica, Francisco Lechuga, ha anunciado que estas medidas permitirán desplazar los vencimientos de los préstamos en las cuotas desde octubre a diciembre. En la práctica, supondría ya un alivio de más de 12 millones de euros con sus respectivos intereses de demora.

Lechuga ha realizado este anuncio en su intervención en el punto del pleno en el que se daba cuenta de la liquidación presupuestaria del pasado ejercicio 2024. Recuerda que el remanente de siendo negativo pero que se acerca a números positivos.

Por otro lado, el equipo de Gobierno ha aprobado la inclusión en las prestaciones que realiza la concesionaria que se encarga de la eficiencia energética en edificios municipales de las obras de renovación de las luminarias de los campos de fútbol “Sebastián Barajas” y “Antoñete”, ambos en el Polígono del Valle y cedidos al Ayuntamiento por la Federación de Fútbol.

La medida permitirá renovar con criterios de eficiencia energética y de calidad toda la iluminación de estos campos, con una intervención estimada en más de 33.000 euros que se suma a las renovaciones que se han hecho del césped artificial y el riego necesario para mantenerlo en los dos campos después de los años de abandono con el Partido Popular de unas instalaciones por las que pasan cientos de personas a diario.

Finalmente, se ha dado lectura de una declaración institucional con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Con ella, la administración local se une al reconocimiento que tanto la Organización Internacional del Trabajo (PIT) como el movimiento sindical mundial realizan a las personas trabajadoras víctimas de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.