La olla a presión de la calle Vicario
El Ayuntamiento de Jaén comienza los trabajos de emergencia para asegurar la zona en medio del monumental enfado de los vecinos por el posible cierre de la calle
La calle Vicario es una olla a presión. Desde el pasado 28 de febrero, los vecinos viven con el corazón en un puño debido a la situación en la que se encuentran los inmuebles dañados por el derrumbe de una vivienda que obligó a desalojar a un residente. El Ayuntamiento retiró hace unos días los escombros y hoy ha procedido a asegurar la zona para evitar desprendimientos. El problema está en que la empresa encargada de sanear las casas más perjudicadas -o demolerlas directamente- necesita perimetrar la zona de trabajo para garantizar la seguridad de los operarios y la del resto de vecinos. Esto obliga, como es lógico, a impedir el paso a cualquier persona ajena a la obra, lo que deja fuera a los dueños de las viviendas del tramo afectado y al resto de la calle Vicario, que deben dar un rodeo enorme para poder acceder a sus hogares, algo que no ha sentado nada bien entre ellos. Y mucho menos cualquier planteamiento que contemple cerrar sus casas o la propia calle hasta que se les dé otras alternativas o soluciones.
La Administración local ha enviado, junto con albañiles, a una pareja de la Policía Local para impedir el tránsito y asegurar que los operarios pueden trabajar con normalidad. Los ánimos se han alterado en ese momento, ya que los vecinos temían que se levantara un muro de obra o se anclaran vallas para que nadie pasara. "La promesa que les hizo el Ayuntamiento -explica la viceportavoz del PSOE, Mercedes Gámez- fue que se demolían los restos de las viviendas afectadas, que están abandonadas, y se retiraban los escombros. Han pasado casi dos semanas sin que se haya hecho algo, han estado en una inseguridad terrible y ahora, sin previo aviso, se presentan a tapiarles el acceso a sus casas y sin darles una solución alternativa, hasta el punto de que no saben qué hacer. Unos se han ido, otros se han quedado encerrados tras las vallas y mientras, las viviendas afectadas siguen sin demolerse”, advierte de la edil socialista, quien se ha personado en la calle junto con su compañero de grupo Carlos Alberca. El presidente de la Asociación de Vecinos Vistas al Castillo, Juan Carlos Cruz, ha tratado de mediar durante toda la mañana para calmar los ánimos e intentar encontrar una salida al problema.
Laila Roldán Akki es una de las vecinas más afectadas, puesto que la casa de alquiler en la que vive con su primo desde hace dos meses está enfrente de una de las más dañadas. No puede ni entrar ni salir de ella. Una valla colocada a solo un metro de donde reside le impide el paso. Ella está embarazada de cinco meses y no sabe a quién dirigirse o a dónde ir. "La única solución que me dieron en un primer momento fue que me marchara al albergue. Eso fue el día del derrumbe. Después, nadie me ha dicho nada", lamenta. Piensa que el Ayuntamiento debería reubicarla en un hotel o en otra vivienda hasta que se acaben las obras, sobre todo porque no tiene con quién quedarse.
José Montiel Rodríguez y Francisco Ruiz son vecinos. Uno vive en el número 19 de la calle Vicario y el otro en el 21. "Nos podemos dar la mano", bromean mientras manifiestan su malestar por la forma en la que se están llevando a cabo las cosas. No están nada de acuerdo con que se prohíba el paso y denuncian el abandono que sufre la zona desde hace "muchos años". "Aquí no han hecho nada nunca y ya ve usted el peligro que corremos todos tal y como están las casas", alerta José Montiel, que mete la mano en una ventana para sacar una piedra como prueba del enorme deterioro que sufren los inmuebles abandonados.
La viceportavoz del PSOE pide al PP “un trato digno a los vecinos”. “Entendemos que hay que garantizar su seguridad, pero después de quince días sin acudir por aquí creemos que se ha perdido un tiempo precioso para solucionar las cosas de otra manera y, por supuesto, dar alternativas a los vecinos”, señala. Gámez recuerda que los vecinos de esta pequeña calle del casco antiguo “son gente sin recursos y en muchos casos de edad avanzada y con movilidad reducida. Los que se quedan detrás de las vallas no tienen alternativa del Ayuntamiento: o se buscan la vida por su cuenta y se van o viven encerrados junto a las viviendas a medio demoler. Creemos que esa no es la forma de proceder de un Ayuntamiento que ayer mismo prometió a los vecinos que no se vallaba la zona”, apunta
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