La situación de los trabajadores de Castillo llega al pleno
El PSOE, JeC, UGT y el comité de empresa de la concesionaria del servicio de autobús urbano presentan una moción conjunta para defender "la honradez y la profesionalidad" de la plantilla
Nuevo frente abierto para la concesionaria del servicio de transporte urbano de la capital. Solo 24 horas después del ultimátum del Ayuntamiento -a instancias de la Jefatura Provincial de Tráfico- para que retire los tornos antes del 1 de diciembre, Castillo se enfrenta a una moción conjunta presentada por el PSOE, Jaén en Común, UGT y el comité de empresa para defender "la honradez y la profesionalidad" de los 60 trabajadores de los autobuses urbanos. En la iniciativa, que será debatida en el próximo pleno, también se solicita, una vez por todas, un cambio en el servicio público para que se preste definitivamente con la calidad que la ciudad merece.
Los portavoces de PSOE y Jaén en Común, Manolo Fernández y Manuel Montejo, acompañado por las concejalas Matilde Cruz y Sara Martínez, y la Secretaria de Servicios y Movilidad de UGT, Elvira Ramírez, han registrado un texto que será apoyado por los empleados en el próximo pleno. Con él reclaman que se les haga una defensa pública por parte del Ayuntamiento frente a las acusaciones de la empresa, quien justificó la instalación de tornos de acceso, una medida ilegal, en que se había hecho como medida de control de sus propios empleados.
Matilde Cruz ha señalado que es prioritario “defender la honradez y la profesionalidad de estos trabajadores, son un colectivo que da la cara en condiciones extremas cuando arrecian las críticas de los jiennenses por el mal funcionamiento del transporte público, cuando los autobuses no llevan aire acondicionado en verano con 40 grados o cuando no funcionan las plataformas para personas con movilidad reducida. No es de recibo que la empresa justifique una ilegalidad con estas acusaciones tan graves hacia ellos”, indica. Cruz ha recordado que el PP tiene un negociado de inspección que debería haber velado por el cumplimiento de la legalidad con la retirada de los tornos.
VISUALIZAR UN PROBLEMA
“La moción pretende visualizar que si existe una mala prestación del servicio la hay por una mala gestión de la empresa y que los que reciben las críticas de esta gestión son los trabajadores, a los que se le acusa de que roban a la empresa y esa es la justificación para que comentan una ilegalidad con la implantación de los tornos”, ha dicho Manuel Montejo.
EL PEOR CONVENIO COLECTIVO DE ANDALUCÍA
Por su parte, Elvira Ramírez, de UGT, ha recordado que los trabajadores del servicio de transporte público tienen el peor convenio colectivo de Andalucía y están sometidos a un gran estrés por el cumplimiento de horarios y tareas, además de que son a quienes se traslada a diario por parte de los usuarios las críticas por la gestión del servicio. “Son las consecuencias de años y años con una concesión lo que da fuerzas a la empresa para no elevar este convenio”, dice.
UNA SEGUNDA MOCIÓN
Por otra parte, Matilde Cruz ha explicado que los socialistas pretenden reforzar esta avanzadilla para conseguir una mejora definitiva en el transporte público de la ciudad con una segunda moción basada en el informe del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Jaén sobre el servicio. En este sentido, el texto del PSOE propone que se aumente la flota de autobuses de la ciudad, menor ahora que hace 12 años, que se adquieran microbuses para facilitar el proceso de peatonalización, que se acometa de una vez por todas la auditoría de las cuentas de la empresa aprobada en pleno hace un año pero que el PP no se decide a ejecutar y que se implante un bono de transporte joven durante todo el año, ya que en la actualidad no está operativo más que de lunes a viernes y solo en época escolar.
PERMISIVIDAD MUNICIPAL
Matilde Cruz justifica la permisividad del Ayuntamiento con estos incumplimientos en una connivencia “total y absoluta con la empresa”. “Los tornos son la punta de iceberg de una serie de incumplimientos plenarios como el que afecta a líneas de autobuses como la número 20, el billete de transbordo o al control público de las cuentas. Se trata de cumplir con la legalidad vigente y el Ayuntamiento debería ser el primer interesado”, señala.
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