Las dos heridas de la cantera que Jaén aún tiene pendientes de restaurar

La Imora espera un proyecto que debe presentar la antigua empresa explotadora y en la Fuente de la Peña queda por determinar el coste y la ejecución

Las máquinas dejaron de extraer piedra, pero la historia de las dos canteras de Jaén capital todavía no ha terminado. La Fuente de la Peña y La Imora mantienen pendiente la restauración de los terrenos afectados por años de actividad extractiva, dos procesos diferentes que tienen un mismo objetivo: minimizar los daños ocasionados y recuperar ambientalmente los espacios.

En La Imora se acaba de dar un nuevo paso. Técnicos municipales han visitado recientemente la cantera junto a quienes fueron responsables de su explotación para comenzar a trabajar en la restauración. El Ayuntamiento rescindió la concesión de aprovechamiento y precintó la zona a finales de 2017.

Ahora, según la información facilitada por el área municipal de Patrimonio a Europa Press, la empresa que explotó la cantera dispone de dos meses para presentar el proyecto de restauración. El documento deberá recibir posteriormente el visto bueno tanto del Ayuntamiento como de la Junta de Andalucía antes de que puedan comenzar los trabajos.

Más complejo es el camino recorrido por la Fuente de la Peña. La recuperación de este espacio está ligada al procedimiento judicial que terminó con una sentencia dictada en junio de 2025 y posteriormente declarada firme.

Cinco responsables de la actividad extractora fueron condenados por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Un sexto acusado, asesor técnico de la Junta de Andalucía, fue condenado por prevaricación.

La sentencia establece que los cinco primeros deberán afrontar solidariamente la restauración y rehabilitación del monte público La Solana. Sin embargo, todavía queda por valorar cuánto costará esa recuperación y determinar cómo se llevará a cabo.

La responsabilidad civil fijada judicialmente obliga a los condenados a asumir los costes económicos necesarios para la completa restauración y rehabilitación del espacio natural. La cuantía deberá determinarla la autoridad competente en Minería una vez elaborado y aprobado el correspondiente plan de restauración integral, con el informe previo o resolución de la autoridad ambiental competente. El Ayuntamiento será el encargado de supervisar el proceso.

Una historia que llegó a los tribunales

El recorrido judicial comenzó en mayo de 2018. A partir de una denuncia de Ecologistas en Acción, la Fiscalía de Medio Ambiente de Jaén apreció indicios de un delito continuado contra el medio ambiente y los recursos naturales y otro contra la ordenación del territorio y el urbanismo.

En su escrito de acusación, el Ministerio Público puso especialmente el foco en el incumplimiento de “la obligación de restaurar”. Según sostuvo la Fiscalía, desde 2008 y hasta la paralización de la actividad extractora no se adoptaron las “medidas de restauración y correctoras de protección del entorno natural y del paisaje del monte público” contempladas en el Plan de Restauración aprobado aquel año.

La Fiscalía señaló además que la actividad extractiva, la apertura de caminos y los movimientos de tierra se habían desarrollado desde 1981 “careciendo de licencia municipal” y sobre suelo no urbanizable de especial protección.

Entre los daños recogidos en el procedimiento figura la modificación de la topografía original del terreno como consecuencia del movimiento de grandes volúmenes de piedra derivado de la extracción de caliza. También se señaló la afección a un hábitat de interés comunitario existente en la zona y perjuicios para los anidamientos de águila perdicera.

El cierre llegó después de años de protestas

La actividad de la cantera de la Fuente de la Peña, situada a menos de dos kilómetros del núcleo urbano de Jaén, generó durante años movilizaciones, recogidas de firmas y protestas reclamando su cierre.

En junio de 2017, la Junta de Andalucía declaró la caducidad de la concesión y ordenó la paralización inmediata de la actividad. En diciembre de aquel mismo año, el Ayuntamiento puso fin al aprovechamiento de la cantera.

El procedimiento impulsado posteriormente por la Fiscalía de Medio Ambiente terminó llegando a la Audiencia y concluyó con una sentencia condenatoria dictada con la conformidad de los acusados.