La plataforma Lopera por la Residencia apremia al Ayuntamiento a municipalizar el servicio para evitar el cierre

Nicolás Aljarilla, miembro del colectivo, señala que la plaza por residente pasará de 1.500 a 1.800 euros a partir de septiembre

La plataforma Lopera por la Residencia sigue viendo con "máxima preocupación" el futuro de la veintena de mayores que permanece en el centro tras el anuncio de la Congregación de Hermanas Hospitalarias de Jesús Nazareno Franciscanas de abandonar la gestión de la residencia. Ahora surge un nuevo obstáculo: el precio de la plaza por residente pasará de los 1.500 euros actuales a 1.800 euros a partir de septiembre, según explica a este periódico Nicolás Aljarilla, miembro del colectivo. "Lo que más nos preocupa es que se cierra y que no tenemos información", señala.

Aljarilla conoce la situación de primera mano, ya que tiene a un familiar de 72 años en la residencia. "Él se mantiene con su pensión, que es pequeña, y con los ahorros de toda una vida. La subida de precios puede complicar mucho las cosas y demuestra que la gestión privada no resulta rentable", analiza.

La plataforma, que reúne a familiares afectados y representantes de distintos partidos políticos, insiste en que el Ayuntamiento asuma la gestión del centro de forma progresiva. "El objetivo es que la residencia pase a ser pública y que, además, se amplíe el número de plazas", remarca.

A más largo plazo, el colectivo plantea incluso la construcción de una nueva residencia que sea de titularidad cien por cien municipal. En las últimas semanas, además, el centro ha perdido varios usuarios por fallecimiento, una circunstancia que, a su juicio, dificulta aún más la viabilidad de la gestión privada.

PROTESTA A LA VISTA

La plataforma espera que el Ayuntamiento dé un paso adelante tras la reunión mantenida por la Mesa de Seguimiento y Defensa de la Atención Residencial de Lopera con la delegada de Inclusión Social de la Junta de Andalucía. "Hay que convocar un pleno para abordar este asunto; no se puede dilatar más", reclama Alajarilla, en línea con la petición realizada por IU.

El representante del colectivo advierte de que el malestar existente podría desembocar en una concentración o una manifestación si el Ayuntamiento no fija una fecha para la celebración de ese pleno. "Tenemos la esperanza de que todo lo que estamos haciendo sirva para algo, pero pasa el tiempo y el desasosiego no deja de crecer", concluye.