Lopera sigue sin respuesta de la Junta para frenar las plantas fotovoltaicas

La alcaldesa, Carmen Torres, asegura que lleva semanas esperando contestación a la petición de paralización cautelar de los proyectos previstos en el municipio

La alcaldesa de Lopera, Carmen Torres (PSOE), asegura que continúa sin recibir respuesta del vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira (Vox), después de solicitarle en julio su intervención en el conflicto abierto por los proyectos fotovoltaicos previstos en el municipio.

La reclamación no se limita a una petición genérica para frenar las macroplantas. El Ayuntamiento se encuentra en una situación compleja: tramita las licencias urbanísticas de una planta fotovoltaica que ya cuenta con las autorizaciones favorables de la Junta y, al mismo tiempo, ha promovido un Plan Especial Urbanístico con el que pretende poder suspender cautelarmente la concesión de nuevas licencias.

Ahí está uno de los principales problemas planteados por el Consistorio. La alcaldesa advirtió en julio de que paralizar expedientes que se encuentran en una fase muy avanzada podría derivar en responsabilidades económicas para las arcas municipales.

Por ello, Torres remitió una carta a Gavira en la que reclamaba que el Consejo de Gobierno acordase la paralización cautelar de estas instalaciones o, en su defecto, proporcionase al Ayuntamiento la seguridad jurídica necesaria para actuar sobre las licencias urbanísticas.

También solicitó una reunión con el vicepresidente segundo, a ser posible antes de que terminara julio. Semanas después, según denuncia ahora la alcaldesa, no ha obtenido respuesta.

La petición se apoyaba además en el acuerdo de Gobierno entre PP y Vox en la Junta. Torres recordó entonces que el documento contempla medidas para proteger el suelo productivo y de valor agronómico frente a las macroplantas renovables, entre ellas excluir instalaciones en determinados terrenos de regadío, inundables o con especial valor agrario y establecer informes vinculantes de impacto agrario.

La alcaldesa considera que esos compromisos deben trasladarse ahora a las decisiones del Ejecutivo autonómico y dirige especialmente su reclamación a Gavira, tanto por sus competencias en Administración Local como por pertenecer a Vox, formación que ha expresado públicamente su rechazo a la expansión de macroplantas sobre terrenos agrícolas.

El conflicto también ha generado contestación dentro del propio municipio. La plataforma Campiña Norte convocó para el pasado 28 de julio una tractorada y concentración bajo el lema "Que el Ayuntamiento cumpla su palabra". El colectivo reclamaba al Gobierno municipal la aprobación del Plan Especial y la suspensión de las licencias, por lo que sus críticas se dirigían también contra la gestión del Ayuntamiento socialista.

Torres insiste ahora en que es la Junta de Andalucía la administración que debe adoptar las decisiones necesarias sobre el proyecto y reclama mantener abiertos los cauces de colaboración institucional.

"Cuando un Ayuntamiento solicita una reunión formal y plantea la adopción de medidas cautelares ante una cuestión que preocupa a sus vecinos, creemos que merece ser escuchado y recibir una respuesta", sostiene.