LOS PUENTES SE ASOMAN AL FIN DEL LIMBO URBANÍSTICO
Representantes de las asociaciones vecinales de Los Puentes destacan la oportunidad que representan los planes especiales y el POTAU para conseguir por fin servicios básicos a la altura de los gastos que sufragan
El limbo legal de los habitantes en Los Puentes —cerca de 4.500 viviendas— tiene un horizonte esperanzador. Se llama Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Jaén (POTAU) y permitirá a las zonas asentadas en suelo rústico acogerse a los planes de infraestructuras con el objetivo que persiguen desde hace décadas: tener acceso a servicios básicos —agua potable, luz, alcantarillado, limpieza más frecuente— y dar sentido así a la contribución que ya pagan. El POTAU es la oportunidad de 'parecerse' más al resto de barrios de la capital.
Hay optimismo en representantes vecinales como Antonio Carrillo, vicepresidente de 'Puensi' (El Puente de la Sierra) y de Alberto Castro, presidente de la Unidad de Gestión Vecinal y de la asociación Fuente del Realejo. Coinciden también en que las tres administraciones —la Subdelegación del Gobierno, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento— reman en la misma dirección para solventar la encrucijada de los residentes: viven en suelo rústico, pagan contribución, pero carecen aún de servicios mínimos.
Carrillo tiene residencia en el Puente de la Sierra desde hace 18 años. Dice que hay algo más de 620 viviendas en la zona y que incluso en el invierno "entre 150 y 180" están habitadas. El Puente de la Sierra —como Puente de Jontoya, Puente Nuevo y Puente Tablas— necesita sumarse a los planes especiales. Están en ello. "Los vecinos se están adhiriendo a la comunidad que hemos constituido. El plazo para presentarse vencerá el 30 de abril. En mayo sacaremos el proyecto bajo la coordinación del Ayuntamiento", expresa a este periódico. En el momento de la entrevista, realizada esta semana, ya han dado un paso adelante en torno a un centenar de propietarios.
La hoja de ruta del Puente de la Sierra, que ha vivido un infierno con el suministro del agua derivado en protestas públicas, también es una acronimia: AFO. Es decir, lograr que las viviendas sean del tipo Asimilada Fuera de Ordenación. "Así tendríamos derecho a servicios básicos como el alumbrado, el agua potable y los alcantarillados. Todavía tenemos muchos vecinos sin agua", lamenta. "Parece que este plan especial va para adelante y ojalá lo antes posible tengamos el documento AFO para pedir el agua; la red ya está permitida", añade.
Si el asunto de los planes especiales requiere la acción vecinal, la parte del Ayuntamiento en este trabajo coordinado es el plan director de infraestructuras. "Es posible que contemos con él en agosto y a partir de ahí llegue a la Junta de Andalucía", asevera Alberto Castro, de la Unidad de Gestión Vecinal, al tiempo que advierte: "Eso no significa que el suelo quede regularizado: sólo atañe a las viviendas". En esta zona van de la mano en la acción Pago de Juan Ramos y Fuente del Realejo, respaldados por la Unidad de Gestión Vecinal. "Desde el colectivo que represento la voluntad es ir todos juntos y pensar en contratar a un técnico", abunda.
Castro salió satisfecho de la reunión que tuvo con las tres administraciones y con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir hace, aproximadamente dos meses, con motivo de la Mesa de Seguimiento de Los Puentes. Se abordó el decreto 3/2019 de la Junta de Andalucía, y los afectados saben que no pueden ir por libre; están obligados a actuar por núcleos. "Yo soy bastante optimista: nos hemos repartido el trabajo y sabemos que a nosotros nos tocan los planes especiales y al Ayuntamiento, el de infraestructuras", reitera. El próximo encuentro entre administraciones y vecinos no tiene aún un día concreto en la agenda, pero será previsiblemente antes del verano. En julio, subraya Castro, los propietarios deben tener listos los planes especiales.
"Vamos por el buen camino para que Los Puentes estén en la realidad urbanística de la ciudad", asegura Francisco Chica, concejal de Urbanismo, quien recibe a este diario en Alcaldía. El edil subraya la distinción entre los asentamientos —Puente de la Sierra, Fuente del Realejo, Puente Jontoya y Pago de Juan Ramos, entre otros— y los núcleos que van a incorporarse como suelo urbano no consolidado, que hasta la anulación del PGOU estaban muy cerca de ser las zonas SUNC: La Manseguilla, Los Bermejales, Cerro Molina, Tentesón 1 y 2.
En lo que concierne al primer grupo, los asentamientos, el primer paso es lograr la declaración AFO, que en la práctica supone la puerta de entrada a los servicios básicos. "Lo que está dentro de dominio público es insalvable", matiza el edil, y agrega que el paso final sí lo dan los propietarios de cada vivienda uno por uno. Respecto al segundo grupo, la parada obligatoria siguientes es la modificación del planeamiento.
Chica insiste en la idea de Alberto Castro, de la Unidad de Gestión Vecinal: el verbo correcto no es legalizar, sino regularizar. "Las expectativas son muy positivas, y la ciudadanía afectada ya sabe que tiene que sufragar los cambios", expresa después de los últimos contactos con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y con la Junta de Andalucía.
'JUNTOS YA': "NOSOTROS ESTAMOS CANSADOS DE PROMESAS"
Manuel Zapata, presidente de la asociación vecinal Juntos Ya (Puente Jontoya), tiene un discurso diferente al de sus compañeros en Los Puentes.
—Nosotros estamos cansados de escuchar siempre las mismas promesas de unos y de otros. Da igual quien venga a vernos, pasan las legislaturas y todo sigue igual: aquí no encuentras contenedores de basura en kilómetros —expresa.
Es jueves 8 de abril, y Zapata conduce su automóvil para mostrar a este medio la extensión de una zona residencial que representa el retiro soñado por personas como Mónica Alcázar, tesorera de la asociación.
—He tardado más de una década en comprar aquí y desde hace un año ya disfruto de este lugar —expresa Alcázar. Algunas de las fincas son enormes, construidas en torno a viviendas de hasta tres plantas.
A la administración local le preocupa que la ciudad crezca hacia esas zonas. Zapata cuenta al volante que hay residentes en el Puente de Jontoya que pagan 2.300 euros al año de contribuición. También explica que un tramo con farolas tiene sentido todavía porque los vecinos mancomunan el pago de la luz después de que el Ayuntamiento cediese las farolas, habilitadas también para evitar accidentes. En la tarde del jueves 8 de abril hay 'runners' en los caminos que conectan las fincas.
La idea de la propiedad privada mancomunada es indispensable para posibilitar avances en el Puente Jontoya. Se trata de cuestiones tan esenciales como mejorar un acceso o evitar que la suciedad en los márgenes vaya a más.
—Aquí lo indispensable es mantenimiento urbano: luz, agua y limpieza. No puede haber contenedores cada cien casas —insiste Zapata, que accedió al cargo en julio del año pasado. Reconoce que lo hizo más por inercia que por otro motivo.
La sede de 'Juntos Ya', construida por el Ayuntamiento, está en un terreno abierto junto al campo de fútbol, impracticable porque parece más una selva que una instalación deportiva. La voluntad de la asociación es cercar al menos la zona de la sede para protegerse del vandalismo. En septiembre del año pasado Zapata asistió a un encuentro promovido por la federación vecinal OCO con el Ayuntamiento.
—Me quedó muy claro que el equipo de Gobierno no arriesgará —señala.
Benito, vecino octogenario del Puente de Jontoya, camina con un carrillo de mano cargado de residuos rumbo a una de las entradas de la urbanización, donde están en hilera los contenedores. De pronto se detiene y su cara lo dice todo: no queda otra.
EL PASO ATRÁS DE LAS ZONAS SUNC
La Manseguilla, Los Bermejales, Cerro Molina, Tentesón 1 y 2 están un paso por delante en el camino a la regularización. No obstante, sufrieron un revés burocrático con la anulación del PGOU de 2014 —entró en vigor en 2016— en septiembre del año pasado. Supuso, en cierta manera, volver a la casilla de salida. "A nivel burocrático ha sido así, pero nosotros ya contamos con un expediente que se ha tramitado, de modo que confiamos en que sea más rápido", expresa José Alcalá, presidente de Cerro Molina, donde hay cerca de 250 propietarios.
Cerro Molina trabaja junto con La Manseguilla, y ambas zonas preparan un documento necesario para una modificación del planeamiento. Cabe destacar que el PGOU vigente en la capital es el de 1996. "A partir de esa modificación sí que seremos suelo urbano no consolidado (SUNC). Lo tenemos planificado, porque en cuanto volvamos a ser SUNC, iniciaremos el proceso para tener agua potable", manifiesta a este diario Fernando Sánchez, tesorero de La Manseguilla, con 263 parcelas.
Los plazos con los que trabajan Sánchez y Alcalá apuntan también al verano. "Para antes incluso hay que tenerlo muy claro. No lo vamos a tener hecho del todo, pero sí que estaremos muy cerca", añade el representante de La Manseguilla, al que le consta que la Subdelegación del Gobierno, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento comparten el ánimo de cambiar la situación.
Advierten Sánchez y Alcalá que el coronavirus ha retrasado aún más la solución para Los Puentes. ¿Por qué esta lucha de tantos años si incluso hay viviendas en zonas con riesgo de inundación? "Se trata, fundamentalmente, de legalizar un barrio al cien por cien. De obtener servicios básicos que hoy no tenemos y de ganar seguridad a nivel jurídico con el reconocimiento de viviendas con carácter urbano aunque sea en residencial del extrarradio", razona Alcalá. El limbo, felizmente para afectados y para las administraciones, parece estar en vías de diluirse y de encontrar acomodo en la realidad urbanística de Jaén.
Foto: Fran Cano.
Foto: Fran Cano.
Vista de Los Puentes. Foto: Fran Cano.
Foto: Fran Cano.
Fotografías y vídeo: Fran Cano.
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