El claxon ensordecedor de protesta contra la Ley Celaá
La Policía Nacional cifra en 600 coches y 1.200 personas las participantes en la "marea naranja" contra la nueva ley educativa en la capital jiennense
Una caravana de unos 600 coches y 1.200 personas, según las estimaciones de la Policía Nacional, ha recorrido esta mañana parte de las calles de la capital jiennense sumándose a la "marea naranja" en contra de la Ley Celaá. Los cláxones han sorprendido a más de uno de la calle que desconocía el motivo de la protesta llevada a cabo en vehículos para evitar al máximo los contagios por la Covid-19.
Así, diferentes entidades, partidos políticos y colectivos ciudadanos de docentes, familias, alumnos y titulares de centros han protestado para solicitar la "protección y la continuidad de la pluralidad democrática de el sistema educativo actual", tal y como se refleja en el manifiesto.
¿Por qué protestan? Consideran que la nueva ley educativa supone un recorte a "la libertad de enseñanza". "Somos conscientes de que la pluralidad de la escuela de hoy es la base de la democracia de la sociedad de mañana", aseguran. En este sentido, defienden la complementariedad de las redes pública y privada concertada. "No admitimos que la LOMLOE permita a las autoridades educativas imponer la distribución del alumnado. Tampoco la planificación arbitraria de la Administración por encima de las necesidades reales de escolarización manifestadas por las familias", alertan.
"No aceptamos el modelo de inclusión radical que pretende la Ley Celaá y que conduce a los actuales centros de educación especial a su progresiva desaparición", alertan en el manifiesto. También se quejan de que se está produciendo una "agresión a la libertad de conciencia en favor de la imposición de una ideología laicista impropia de un Estado no confesional". Y es que, en sus palabras, la asignatura de Religión es una opción mayoritaria de las familias españolas que la eligen libre y voluntariamente cada año y cuya voluntad debe ser respetada.
Por todo ello, reclaman al Estado financiar adecuadamente los centros educativos públicos y concertados para garantizar "la gratuidad real de ambos, no como sucede en la actualidad". "Y esta financiación, respetando la naturaleza e idiosincrasia de cada red de centros, debe cubrir sus necesidades materiales y sus recursos humanos en igualdad de condiciones, pues ambas redes deben prestar un servicio educativo de igual calidad y equidad al alcance de todos", aseveran.
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