El nuevo mapa sísmico sitúa a 45 municipios de Jaén en zonas de riesgo

Alcalá la Real es la única localidad de la provincia donde se contemplan terremotos de intensidad VIII o superior, según la directriz estatal de Protección Civil

Prácticamente la mitad de las localidades de Jaén tendrán que contar con planes específicos de actuación ante terremotos. La nueva directriz de Protección Civil aprobada por el Gobierno incluye a 45 de los 97 municipios de la provincia en las zonas donde se consideran posibles movimientos sísmicos de intensidad VII o superior. Entre ellos está la capital, aunque Alcalá la Real presenta la clasificación más elevada.

La relación figura en el Boletín Oficial del Estado del 10 de octubre, que recoge los estudios de peligrosidad sísmica del Instituto Geográfico Nacional. La normativa establece que estos municipios deben disponer de planificación local ante terremotos, integrada en la organización de emergencias de la Junta de Andalucía.

La lista incluye localidades como Martos, Torredonjimeno, Torredelcampo, Baeza, Jódar, Mancha Real, Alcaudete, Castillo de Locubín, Huelma, Quesada y Valdepeñas de Jaén, además de Jaén capital.

Alcalá la Real es el único municipio de la provincia que aparece también en el listado de zonas donde se contemplan terremotos de intensidad VIII o superior. Esta escala mide los efectos de un seísmo sobre las personas, los edificios y el terreno, y no debe confundirse con la magnitud, que expresa la energía liberada.

CUATRO AÑOS PARA ADAPTARSE

La directriz, aprobada por el Consejo de Ministros el 6 de octubre, establece un plazo de cuatro años para adaptar los planes de protección civil a los nuevos criterios. Los municipios incluidos deberán elaborar e implantar sus correspondientes planes de actuación, o adecuar los existentes, conforme a la planificación autonómica.

Estos documentos tendrán que recoger cómo se organizan los servicios de emergencia, qué zonas pueden resultar más afectadas, qué medios están disponibles y cómo se informará a los vecinos. También deberán contemplar medidas de autoprotección y coordinación con otras administraciones.

El mapa utiliza un periodo de retorno de 475 años, una referencia estadística empleada para estudiar la peligrosidad sísmica. No significa que vaya a producirse un terremoto dentro de ese plazo ni que exista una alerta inmediata.

La nueva normativa busca que los municipios tengan prevista su respuesta ante una emergencia, desde la atención a las personas afectadas hasta la recuperación de los servicios esenciales.